El juez admite una querella por estafa contra una empresa de Pinto Fontan

El juez David Cubero admitió en marzo querella por estafa contra la empresa que promueve Las Terrazas de Aravaca -Aravaca-Somosaguas, SA, vinculada a José Luis Pinto Fontán- y contra La Caixa. Uno de los inculpados, Antonio Díaz Jara, ex gerente de la empresa inmobiliari, afirma en su declaración ante el juez que José Luis Gómez Pinto-Fontán (antes apellidado Pinto Fontán) es el "auténtico dueño"

El empresario que dejó inacabada la urbanización Nuevo Versalles -cuyos 21 bloques fantasmagóricos serán volados a lo largo de este verano- y que ha sembrado de deudas su trayectoria empresarial, incluso tras cambiarse de apellido, se enfrenta así de nuevo a los tribunales de justicia. Una de las promotoras inmobiliarias a las que está vinculado -aunque nunca figura oficialmente- ha sido acusada de estafa por la empresa PYOPMSA.Esta sociedad firmó en febrero de 1991 con Aravaca-Somosaguas, SA, el contrato de compra de tres pisos, dos trasteros y dos plazas de garaje en la urbanización Las Terrazas de Aravaca. El administrador único de Aravaca-Somosaguas es (Carlos García Yanes, quien también ocupó el mismo cargo en la sociedad que figura como dueña de la mansión habitual de Pinto Fontán en Somosaguas -Industrias de Boadilla- hasta que en 1991 le sustituye la esposa de Pinto.

.El valor total de la compra de PYOPMSA ascendía a 112 millones. Los demandantes -una pequeña empresa familia- declaran haber pagado ya más de 50 millones de pesetas a Aravaca-Somosaguas. El resto (72 millones) corresponde a la hipoteca suscrita por Aravaca con La Caixa y que se traspasaría al comprador una vez entregado el piso.

Las condiciones de la hipoteca -que garantizaba un préstamo de 812 millones de pesetas concedido por la Caixa a Aravaca-Somosaguas- establecían que la financiera iría aportando dinero según se fuesen presentando certificaciones de obra. Pero se reservaba la entrega a Aravaca del 20% del total del crédito -es decir, 164 millones- para cuando las obras estuviesen terminadas y los pisos vendidos.

Un 20% polémico

A partir de que la promotora hubiese cobrado todo el préstamo, se dividiría el capital a amortizar entre los compradores, que empezarían a pagar los intereses. Además, cada uno de los nuevos dueños de las casas debía autorizar previamente al promotor a cobrar la parte correspondiente de esa última cantidad de dinero -el referido 20% de su hipoteca- reservada para el final de la obra.La acusación cree que esa reserva de una parte del préstamo total garantizaba no sólo que se rematasen los pisos -cosa que no ha sucedido-, sino también que no se incrementara la deuda del comprador con La Caixa (es decir, la hipoteca) y por consiguiente el precio de los pisos.

Eso estaba firmado en mano de 1990, pero en febrero y en abril del año siguiente se modifican las cláusulas del préstamo de La Caixa al promotor. Así, Aravaca-Somosaguas puede percibir ya de La Caixa la totalidad del crédito sin haber terminado la obra. Este cambio en las condiciones es la razón por la que el comprador se ha querellado también contra La Caixa, puesto que el nuevo contrato entre las dos entidades flexibiliza las obligaciones del promotor para con los compradores, siempre según la querella.

Hipoteca ejecutada

La empresa denunciante aún no dispone de los pisos debe ahora no sólo la hipoteca de 72 millones -como,si ya hubiera ocupado los inmuebles-, sino también unos 12 millones de intereses. La Caixa ha ejecutado la hipoteca, es decir, pasa a ser la propietaria de los pisos sin que el comprador haya llegado a recibir las viviendas que ahora le quitan.En el escrito de la querella se inculpa a cuatro apoderados de la entidad financiera catalana. La acusación considera que La Caixa no tomó precauciones para evitar los perjuicios a terceros, y que actúa en propio beneficio y además en fraude a los adquirentes, "a quienes amparaban y ya no amparan las cláusulas modificadas".

En su declaración ante el juez -el pasado 20 de abril-, el ex gerente de Aravaca-Somosaguas Antonio Díaz Jara se refiere a Gómez Pinto (antes Pinto Fontán) como "auténtico dueño" de la inmobiliaria. Además, afirma que fue quien le contrató.

En cambio, Celso Pastor Gaitero -quien ya aparecía en Proconfort, la antigua empresa de Gómez Pinto cuando él aún no había cambiado de nombre- dice en su declaración que no sabe qué funciones tiene Gómez Pinto en Aravaca-Somosaguas. Fuentes de La Caixa aseguran que fue este último quien negoció con ellos las condiciones de los préstamos. Las mismas fuentes de La Caixa se explican la querella contra esta entidad por el hecho de que los acusadores ven más fácil obtener dinero de ella que de la empresa promotora de las viviendas.