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El valle de Valca

La fábrica de productos fotográficos necesita 900 millones de pesetas para evitar su muerte

El acento y las matrículas de los coches de los habitantes del valle de Mena (Burgos) delatan su vecindad con el País Vasco. Las aguas del río Cadagua atrajeron en 1940 las inversiones de cuatro familias vascas: Oriol, Basterra, Delclaux y Torrontegui que montaron la fábrica de productos fotográficos y radiográficos Valca. El proceso de producción de aquella época requería un río, con unas aguas escrupulosamente limpias cuya temperatura no variara un ápice durante el año. Hoy, el Cadagua sólo riega los verdes pastos del valle. La semana pasada la junta de accionistas decidió la disolución de la compañía ante la imposibilidad de encontrar una entidad financiera que acepte el aval subsidiario de 900 millones que les ha concedido la Junta de Castilla y León.El viernes 2 de julio Inmaculada Arnaiz, de 43 años, recogió todos sus bártulos de su puesto de administrativa de Valca. Era el último día de sus 19 años de trabajo. Su marido, José María Mantilla, de 47 años, ha tenido menos suerte y está en el paro desde abril, como el resto de los 280 empleados; lo que ha disparado la tasa de paro del valle de un 8% a un 30%. Mientras Inmaculada hace las maletas, el fax escupe un pedido de material de rayos X para la sociedad Hospitex de Suiza.

Valca no cierra por falta de trabajo. Si algo tienen claro dueños y trabajadores es que la compañía "tiene mercado, tecnología y un producto de mucha calidad". En 1991 la sociedad, de capital nacional, tenía el 17% del mercado nacional y el 1% del mercado de EE UU de material radiográfico que representaba el 60% del trabajo. El 65% del total ;de la producción se exportaba.

Suspensión de pagos

¿Qué ha pasado? Según explica Rafael Gomeza, del bufete Gomeza, contratado por los accionistas para ocuparse de la suspensión de pagos y relanzar la compañía, "en junio de 1991 un mal asesoramiento indica que la empresa pasa por un problema de coyuntura del mercado y se pide una aportación de los accionistas". Cuatro grupos de accionistas desembolsan 760 millones de pesetas. Pero al final "este dinero sólo se utiliza para pagar nóminas". Y la crisis, que no era por una mala situación momentánea del mercado "sino de gestión", se agudiza. En enero de 1992 se presenta la suspensión de pagos. La empresa soporta un pasivo de 2.500 millones que se deben a 600 acreedores.

Comienzan las negociaciones para encontrar una salida. Como Valca tiene su domicilio social en Bilbao, solicitan al Gobierno vasco las ayudas del decreto 3R dirigido a empresas con problemas. La respuesta es negativa porque la fábrica y el 80% de los trabajadores están en Burgos. Sus pasos se encaminan entonces hacia la Junta de Castilla y León "a pedir un aval solidario de 900 millones para garantizar un crédito que íbamos a pedir a la banca", añade Gomeza. "Todo iba sobre ruedas y cuando nos reunimos con ellos y con los bancos nos dicen que no es solidario sino subsidiario", comenta el responsable del bufete. Con un aval solidario si el banco intenta cobrar y la empresa no puede pagar se dirige contra el avalista y le reclama. En cambio en el subsidiario, primero responde la empresa con sus bienes y de la cantidad que no se puede cobrar responde el avalista.

Pascual Femández Martínez, director general de tributos y política financiera de Castilla y León, explica que "cuando teníanos preparado el aval subsidiario la empresa nos dice que querían uno solidario". "Esto no es posible y en ningún momento se los hemos planteado porque la ley de hacienda no permite conceder este tipo de avales".

Con el aval subsidiario en la mano todos los bancos contestan "no" a Valca. "Por un acuerdo de consejo de Gobierno de Castilla y León se encargan de gestionar el aval a condición de que los accionistas aporten 250 millones", dice Gomeza. Y las familias Oriol, Basterra y Delclaux dan el dinero. La Junta hizo la gestión con Argentaria y el Instituto de Crédito Oficial "pero sin éxito porque responden que la posibilidad de que la empresa pueda sobrevivir es remota", explica el director general.

Al final, nada

"Las conversaciones con la Junta han sido una larga y triste historia que, al final, se ha quedado en nada. La empresa necesita 900 millones para echar a andar", resume Gomeza. "Tenemos una carpeta llena de pedidos pero sin una peseta para fabricar", añade Íñigo Solaun, administrador único de la compañía.En la junta de accionistas del 29 de junio se decidió reducir el capital social de 1.140 millones a 28 millones para compensar pérdidas y se disminuyó el valor nominal de cada acción de 500 pesetas a diez pesetas al tiempo que se solicitó su exclusión de la bolsa de Bilbao. También se aprobó la disolución de la compañía. Si el 28 de febrero de 1994 no se ha encontrado financiación para relanzarla, el convenio de suspensión de pagos se convertirá en convenio de liquidación de activos. Será el fin de Valca.

"La esperanza es lo último que se pierde", explica Jesús Soto, con 33 de antigüedad en la empresa, mientras vigila los 40.000 metros cuadrados de instalaciones. Alonso Cano, presidente del comité de empresa estuvo ayer en Madrid, junto con el alcalde de Villasana de Mena, y dos trabajadores de la compañía para solicitar la ayuda de Jose Luis Corcuera y Juan José Laborda, diputado y senador por Burgos, respectivamente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 1993

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