La guerra continúa

En un mes de junio frenético, el caso KIO ha recobrado rabiosa actualidad. El auto dictado por la Audiencia Nacional, que obliga al juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, a revisar su decisión sobre la querella de KIO contra Javier de la Rosa y varios miembros del antiguo equipo gestor del Grupo Torras, le da nuevos bríos. Un año después, la guerra continúa.Antes del citado auto se habían sucedido varios episodios de importancia que tuvieron su colofón el 30 de junio, cuando Torras celebró su junta de accionistas. Esos acontecimiento han avivado el fuerte enfrentamiento que libran los actuales y los anteriores gestores de Torras desde que Javier de la Rosa dejó el grupo en mayo de 1992 y que desembocó en varias suspensiones de pagos (Torras, Ercros, FESA-Enfersa, Prima Inmobiliaria, Urbanor ... ), en la venta de empresas filiales y en la presentación de una querella en Madrid y una demanda en Londres contra De la Rosa y otros miembros de su equipo gestor. Estos son los sucesivos episodios:

Episodio primero. El 6 de junio -el día de las elecciones generales- los responsables de Torras sorprenden con la difusión de las cuentas correspondientes a los ejercicios de 1991 y 1992 que habían enviado a la Comisión de Valores. Tras una temporada de calma aparente, el enfrentamiento entre los equipos gestores cobraba actualidad.

En el informe, Torras reconoce unas pérdidas de 197.552 millones en los dos ejercicios y que los fondos propios han pasado de 151.338 millones positivos de 1990 a una cifra negativa de 141.834 millones en 1992. Acusa a los anteriores gestores d

Le ser los responsables de tamaño desajuste y de haber prestado a empresas del grupo controladas por ellos cantidades por valor de: 73.200 millones. De la Rosa contestó al día siguiente que todas las operaciones las había ordenado KIO desde su oficina de Londres.Segundo episodio. La CNMV abre expediente sancionador por actuaciones irregulares en Ercros y Prima Inmobiliaria con las que supuestamente eludieron el lanzamiento de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA). Es la propia Torras la que difunde la noticiaa ya que las actuaciones corresponden a las fechas en las que estaba al frente Javier de la Rosa y su equipo.

El pliego de cargos incluye a Grupo Torras, Kokmeeuw (filial holandesa de KIO), Mesa Redonda, sociedad de Javier de la Rosa, y a éste mismo por no dar información de la participación de Ercros adquirida por Mesa Redonda, la comunicación con demora por De la Rosa y la simulación por Torras, Mesa Redonda y De la Rosa en la titularidad de acciones.

En el caso de Prima Inmobiliaria, la Comisión de Valores acusa al Grupo Torras, Kokmeeuw, Hanimarstone, Inversiones Gran Vía (estas dos últimas sociedades controladas por Torras, que Torras niega) y Albert Freixa Vidal, que actuó a través de las empresas Círculo Fiduci y Father and Son, por no dar la información sobre sus participaciones.

La Comisión ha investigado también las actuaciones realizadas en Ebro Agrícolas con el mismo o similar objetivo, aunque de momento no existen novedades. Torras había declarado una participación del 38,8%, pero una sociedad denominada Adone (ahora Nuevo Amanecer), controlada por Javier de la Rosa, declaró tener un 8,33%. La CNMV descubrió la existencia de un contrato por el que ambas sindicaron las acciones y por el que habrían evitado declarar la compra del 6% que les obligaría a lanzar una OPA.

Tercer episodio. La firma Coopers & Lybrand se niega a expresar su opinión sobre las cuentas del Grupo Torras en el informe de auditoría que envía a la Comisión Nacional de Valores "debido a la gran importancia de las incertidumbres". El informe está repleto de salvedades. A la vista de esta anotación, el 23 de junio la CNMV requiere a Torras para que complete la información sobre el estado de tramitación del expediente de suspensión de pagos antes de 10 días.

Coopers & Lybrand asegura que no se incluyen todas las verificaciones necesarias para formar una opinión y manifiesta que no dispone de las cuentas anuales de algunas sociedad del grupo. Su informe recoge que existe una deuda con el principal accionista, KIO, por valor de 40.132 millones como proposición de subordinación de deuda "de la que no se conoce conformidad" y que se han reflejado como gastos por actividades ordinarias un importe de 62.903 millones y que Grupo Torras tiene una autocartera 1,6% por encima del límite permitido del 5%.

Cuarto episodio. La Audiencia Nacional ha dado nuevas fuerzas al equipo jurídico de KIO al decretar la nulidad del auto del juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, sobre la querella presentada contra De la Rosa y otros seis ejecutivos de su equipo por supuestos delitos por un valor aproximado de 120.000 millones. El auto de la Audiencia subraya que Moreiras incurrió en defectos formales, lo que refuerza las manifestaciones de los abogados de KIO cuando dijeron que no había iniciado una mínima investigación. El equipo jurídico de KIO en España, encabezado por Stampa Braun y Miguel Bajo, se muestra optimista, ya que podrán aportar nuevos documentos contra el equipo encabezado por Javier de la Rosa.

Al mismo tiempo, la demanda civil de 60.000 millones de pesetas interpuesta en Londres contra De la Rosa y otros 22 ex gestores de Torras continúa su curso si bien diversos trámites legales han retrasado el inicio de las sesiones de la causa hasta bien entrado el próximo otoño, según han asegurado fuentes judiciales.

El punto de mira de los abogados del bufete británico Baker and MacKenzie, contratado por KIO, apunta hacia Suiza, lugar por el que han transitado la mayor parte de los miles de millones que según la mencionada demanda desaparecieron de las cuentas de Torras, tras un anónimo número de cuenta. Las posibles acciones en este último país buscarían conocer la identidad última de los beneficiarios. Los antiguos gestores de Torras afirmaron ante la fiscalía de Kuwait que la mayoría de esos movimientos respondían a supuestos "pagos políticos".