El interés de España, un Gobierno sólido

Después de las elecciones legislativas España necesita con urgencia un Gobierno estable y sólido, con mayoría suficiente para afrontar con éxito varios retos difíciles: la convergencia con Europa en el marco del Tratado de la Unión Europea; la salida de la grave crisis económica que padecemos; la renovación de nuestra democracia con medidas que erradiquen la corrupción, desarrollen las libertades públicas y revitalicen las instituciones, y un nuevo pacto que profundice nuestro Estado autonómico.1. El reto europeo hay que abordarlo sin dogmatismos, pero sin vacilaciones. Las condiciones de la unión monetaria son asumibles con la flexibilidad que, de hecho, acabará imponiéndose. El programa de convergencia con Europa no puede quedarse sólo en lo monetario. Hay que sintetizarlo con un programa de convergencia real que ilusione al país. Hay que apostar como nación por un plan de reactivación y empleo a nivel continental y por una Europa unida políticamente en lógica federal que supere el actual déficit democrático y social.

2. La recesión golpea a Europa y a España. Los años 1993 y 1994 van a ser muy duros, con tasas de crecimiento negativo y aumento del desempleo. Ante esta situación no es suficiente el pacto social de rentas y la reforma del mercado laboral. Hay que ir a un acuerdo nacional de solidaridad por el empleo. Los componentes principales de este acuerdo podrían ser:

- Una reducción selectiva de los tipos de interés, involucrando en el pacto al conjunto del sistema financiero.

- Un mecanismo legal de limitación de reparto de dividendos con estímulos fiscales para la inversión generadora de empleo.

- Compromiso de contratación de jóvenes en aprendizaje dentro de un plan masivo de formación profesional.

- Un presupuesto restrictivo en gastos corrientes con esfuerzo de austeridad de las Administraciones que libere recursos para la inversión pública.

- Una política industrial activa, con participación de los agentes sociales y comunidades autónomas.

- Lucha enérgica contra el fraude fiscal que permita mantener, estos dos años, el gasto social para aumentarlo con posterioridad.

En este marco de nueva política económica, los sindicatos deberían garantizar una moderación salarial que, teniendo en cuenta la situación de cada empresa o sector, mantuviese la capacidad adquisitiva y mejorase la productividad. La patronal y los sindicatos deberían consensuar una reforma del mercado laboral con cuatro grandes ejes:

- Regresar a la causalidad en la contratación temporal y propiciar la contratación indefinida a tiempo parcial.

- Fomentar el mejor reparto del trabajo con reducción de horas extras, pluriempleos y reducción de jornada.

- Eliminar rigideces en la movilidad funcional y geográfica, con garantías precisas.

- Propiciar una negociación colectiva que permita amoldarse mejor a la situación de cada empresa, con mayor participación de los trabajadores en la marcha de la misma.

- Negativa a abaratar el despido individual o eliminar la autorización administrativa en los despidos colectivos.

Con la garantía, además, de una ley de huelga respetada en sus actuales términos y una paz social beneficiosa para todos se podría concretar esa gran alianza social entre el empresariado productivo y los asalariados, tan necesaria si queremos sacar España adelante.

Ahora bien, no todo son problemas económicos. Nuestro sistema necesita medidas que erradiquen la corrupción.

- Una ley de partidos políticos que los haga transparentes y controlables por el ciudadano, con la financiación incluida.

- Reforma del Tribunal de Cuentas que lo convierta en un auditor público, eficiente y rápido.

- Tratamiento severo en el Código Penal de todo tipo de corruptelas.

-Modificación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que dificulte las corruptelas e influencias.

- Registros transparentes de bienes e ingresos de cargos públicos.

Durante estos años, la lectura de nuestra Constitución en el terreno de las libertades públicas no ha sido el más avanzado que aquélla permite.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la Ley Informática de Datos Personales o la de asilo, una versión moderna del Código Penal y la implantación del jurado mejorarían bastante las cosas. Hay que resolver de una vez el tema de la interrupción voluntaria del embarazo otorgando a la mujer la última palabra en la decisión. Al igual que no pueden seguir en nuestras prisiones objetores de conciencia por razón de negarse a hacer la mili.

Todo el mundo está conforme en que nuestras instituciones necesitan revitalizarse. Tomemos, pues, algunas medidas concretas en vez de hablar tanto de ello. Por ejemplo, eliminemos el sistema de cuotas de partidos en la elección del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Radiotelevisión Española, etcétera, y apliquemos el del consenso con participación de sectores sociales y control por el Parlamento previa a su elección. Aceptemos las comisiones de investigaciones parlamentarias sin posibilidad de veto por la mayoría, estableciendo un límite por grupo y periodo de sesiones. Concretemos la participación del jefe del Gobierno en las sesiones de control del Ejecutivo en el Pleno. Permitamos que los colectivos sociales puedan acudir con asiduidad y facilidad a las comisione parlamentarias. Revaloricemos el papel del diputado para que pueda ejercer mejor su alta función.

Algún día tendremos que concluir, dentro de lo que cabe, la construcción de nuestro Estado en el marco de la Comunidad Europea. No se puede pactar un día el tema autonómico con el Partido Popular, excluyendo a los nacionalismos, y otro decir que éstos son esenciales para resolver esa cuestión y que deben entrar a toda costa en el Gobierno. La configuración de nuestro Estado debe contemplarse en las perspectivas de la construcción de la Unión Europea -de la que son grandes valedores Cataluña y Euskadi-, en la cohesión territorial y social de España en Europa. Pero, dicho esto, hay que desarrollar hasta el final las posibilidades que la Constitución y los estatutos de autonomía contienen de autogobierno y reconocer los hechos diferenciales que la historia ha destilado. Quizá el principio federativo sea el más adecuado para encontrar una solución duradera dentro de una Europa que también se

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