Las instituciones no saben adónde llevar a los marroquíes de Peña Grande
Las 200 chabolas del poblado marroquí de Peña Grande, en Fuencarral, debían haberse empezado a desmontar en junio al realojar a las primeras 60 familias. Pero no ha sido así: una vez más, las instituciones discrepan sobre adónde llevarles. El Ayuntamiento propone un traslado provisional a prefabricados y ofrece 14 pisos. La Comunidad rechaza los sankis, se niega a aportar vivienda social porque hay españoles que la esperan y mantiene su oferta de alquileres avalados. Una asociación de inmigrantes pide que vayan a prefabricados.
El acuerdo fijaba el traslado a pisos de 60 familias en la segunda quincena de junio. La mayor parte de las viviendas debían ser alquileres privados con un aval oficial, a un precio medio de 70.000 pesetas mensuales. Otra pequeña parte de los pisos procederían de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivitna), de la Comunidad. Y ahí es donde ha surgido el conflicto institucional.
Una cosa es clara, las casetas deben desaparecer porque estorban para construir un tramo del colector del Arroyo de Los Pinos, necesario para esta zona porque el actual no da abasto.
El concejal de Fuencarral, Miguel Martín Vela, asegura que el Ayuntamiento ya ha aportado los 14 pisos de la EMV que prometió. "Pero la Comunidad nos sorprendió diciendo que ellos no ponían viviendas del Ivima porque eso iba a crear problemas con los españoles que necesitan un piso público", explica.
El edil afirma que la corporación municipal se ha comprometido a ceder cuatro suelos diferentes para los sankis. "Nosotros creemos que hay que hacer un primer traslado a prefabricados, para construir el colector, con voluntad de que ése sólo sea un alojamiento temporal", añade.
Consolidar guetos
Elena Vázquez, consejera de integración Social de la Comunidad, descarta totalmente los prefabricados, "eso supone consolidar un gueto y ya sabemos que lo temporal acaba siendo definitivo".
"El Ayuntamiento dice que pone suelos, pero nunca especifica ni cuáles ni dónde, y asegura que aporta 14 pisos, pero ellos, como nosotros, no están dispuestos a ceder así viviendas públicas por los agravios que se crean con los españoles que precisan una casa", añade Vázquez. "La mejor solución son los alquileres avalados", concluye.
Para hacer posibles estos alquileres era preciso elaborar una lista de chabolistas con posibilidades económicas para acceder a ellos. El Centro Social San Rafael elaboró una relación de 40 personas. En Provivienda, la empresa que gestiona este programa de avales, esperaban que los interesados se pusiesen en contacto con ellos. Pero eso no sucedió.
La cuestión se complicó aún más cuando la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) apareció con un listado de firmas de habitantes del poblado solicitando un traslado provisional a prefabricados.
"No pedimos sankis gratuitos, pero de ahí a las 70.000 pesetas al mes de los pisos avalados hay un abisrno", explican en la citada asociación de inmigrantes marroquíes. "Los sankis no van a crear un gueto, porque éste ya existe; en ellos, al menos la gente contará con baño y ducha", añaden.
Al olor de las sardinas
El problema no se arregla en el poblado marroquí de Peñagrande, pero ya se han creado expectativas. Y ante las promesas de realojamientos han llegado allí algunos inmigrantes de municipios vecinos y de Toledo. Voluntarios sociales que trabajan en la zona aseguran que se han construido casi una decena de nuevas chabolas. Aún son muy poquitas, pero este fenómeno es habitual en todos los poblados chabolistas con perspectivas de traslado.Los incumplimientos en este asunto, que sin duda es muy complejo, están haciendo mella en algunos integrantes de la comisión creada hace meses para buscar soluciones al asentamiento de Peñagrande. Soluciones humanas, por las denigrantes condiciones de vida de sus habitantes, y técnicas, porque en los terrenos hay que construir el colector del arroyo de Los Pinos.
Los vecinos de los chalés y viviendas colindantes, agrupados en la asociación Manuel Garrido, están que trinan. Se quejan de los olores y acumulación de residuos y aguas fecales que produce este asentamiento de unas seiscientas personas, y creen que no existe voluntad política de solucionar el problema. Hace un mes, Antonio Martínez, portavoz de la delegación diocesana de inmigrantes (ASTI), entidad veterana en este traba o, presentó una carta en la que planteaba que de seguir los incumplimientos, la asociación dejaría de colaborar con las instituciones en el problema de Peñagrande.
Representantes de la Consejería de Integración Social y de la delegación del Gobierno aseguran que aquello fue un malentendido y que ASTI continúa colaborando. Martínez no ha podido ser localizado por este periódico.
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