Juan Guerra negoció recalificaciones antes de comprar dos fincas a Ensidesa
La declaración del ex delegado municipal de Urbanismo de Alcalá de Guadaira, Rafael Muñoz Muñoz, cambió ayer el curso del juicio que se sigue contra Juan Guerra y nueve personas más acusadas de prevaricación y maquinación.Muñoz, nervioso y dubitativo, contradijo su declaración en la instrucción del caso. Donde dijo haberse entrevistado con directivos de Ensidesa rectificó ayer e indicó que fueron representantes de la empresa de Guerra los que negociaron la recalificación de dos fincas.
El testimonio de Muñoz desconcertó a los nueve abogados que representan las defensas, e incluso a las acusaciones. Según dijo este concejal del PSOE del Ayuntamiento de Alcalá, los representantes de Cimpa, la sociedad de Guerra, acudieron a pedir la recalificación de unos terrenos, cuando estos eran todavía propiedad de Ensidesa, e incluso antes de que se constituyera Cimpa.Esta tesis, aunque "intencionadamente equivocada", según las acusaciones, supondría que la maquinación de la que están acusados los 10 procesados es anterior a la fecha que se intenta demostrar en la vista. Asimismo, por la fecha y participantes de esa entrevista, según Muñoz, Ensidesa no habría intentado siquiera la recalificación de sus fincas, como dijeron anteayer en su descargo los dos directivos de la empresa pública acusados, quienes adujeron que al negárseles la recalificación optaron por la venta a Cimpa.
En la sesión de ayer también declaró Jacinto Bravo Gómez, el director comercial de Cimsa, la empresa de Manuel Macías y poseedora del 49% de Cimpa. Bravo, que poseía una acción (1%) de Cimpa dijo que no conoció la compra de las fincas de Alcalá hasta pasado un año, ni sabía si una reunión con el alcalde del Alcalá, Manuel Hermosín, otro de los procesados, se realizó en el Ayuntamiento, "porque el edificio no tenía ningún signo exterior". Otro testigo, Juan Rodríguez Alonso, ex concejal independiente de Alcalá, acusó al PSOE de aprobar la recalificación de las citadas fincas pese a informes contradictorios del arquitecto municipal.
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