Pruebas oscuras

EL CASO de las pruebas del sida por correo, de venta en farmacias e inmovilizadas cautelarmente por el Ministerio de Sanidad y Consumo por carecer de registro sanitario, es un ejemplo de lo que no debe hacerse, y menos aún permitirse, en un ámbito tan delicado como el de la salud. De entrada, esas pruebas, tal como han sido presentadas y promocionadas, contienen indicios de fraude indudables: al consumidor se: le ofrece un producto con un coste elevado -4.600 pesetas- sin alertarle de los dudosos resultados que tienen todas las pruebas del sida y especialmente las efectuadas, como ocurre en este caso, con muestras de sangre seca, un método que no está reconocido por la comunidad científica.Pero el caso revela, ante todo, lo endebles que son en España los controles de la Administración para evitar la promoción comercial de productos que no están destinados al uso directo al público. Según sus primeras investigaciones, Sanidad sospecha que el producto inmovilizado en farmacias es el mismo reactivo que, con distinta denominación, fue autorizado en octubre pasado para su uso exclusivo en laboratorio. Su promoción comercial gratuita a través de una revista debería haber bastado a la Administración sanitaria para alertarla sobre los propósitos, por demás dudosos, del laboratorio en cuestión.

Sin embargo, ha debido producirse una denuncia expresa del Comité Ciudadano Antisida para que los responsables sanitarios se decidieran a actuar. La Administración ha sido incapaz de descubrir por sí misma lo anómalo de la situación. No sólo ha sido insensible a la angustia vivida innecesariamente por gran parte de los 17.000 ciudadanos que se realizaron la prueba comercializada gratuitamente por la revista, sino que no ha evitado que se les diera una respuesta, por correo o teléfono, lo que vulnera las más elementales exigencias de confidencialidad. Sorprende también que dos meses después de concluida la promoción gratuita continuase la comercial en cuñas radiofónicas sin advertir que se trataba de un anuncio publicitario, o que el responsable técnico del laboratorio las protagonice como si se tratara de un profesional de la medicina sin interés comercial en el caso. Demasiados aspectos oscuros como para esperar que la mera inmovilización cautelar decretada por la Administración sea suficiente para clarificarlos.