Una falsa abogada estafaba supuestamente a inmigrantes y falsificaba documentos

La ciudadana argentina Carmen Bramuglia iba a ser expulsada de España por estancia ilegal. Pero un juez, el de Instrucción número 8 de Madrid, ha paralizado el expediente para que la mujer dé cuenta de hechos más graves. Bramuglia ha de comparecer a juicio por hacerse pasar por abogada, estafar a inmigrantes y falsificar permisos de residencia y trabajo. La falsa abogada cobraba 100.000 pesetas por cada uno de sus servicios.La organización humanitaria SOS-Racismo presentó ayer, además, una querella contra la acusada por "estafa agravada" debido, explica la organización, "al número de personas afectadas, las falsificaciones realizadas y la cuantía de lo estafado".

La Delegación del Gobierno en Madrid confirmó ayer que la acusada había sido detenida en tres ocasiones entre noviembre de 1991 y mayo de 1993 y que no se había aplicado el expediente de expulsión por las causas pendientes que pesan sobre ella. Según la Jefatura Nacional de Policía, Bramuglia "es muy conocida" por su actividad en la falsificación de documentos.

Tres funcionarios de la Dirección de Migraciones, situada en el paseo del Pintor Rosales, reconocieron que la presunta autora de estos hechos visitaba con frecuencia las oficinas. El jefe de este departamento, Rafael Rodríguez, aseguró que en la Dirección de Migraciones se pensaba que Bramuglia era "uno más del colectivo que venía a ayudar a los inmigrantes" y, aunque no precisé el volumen, reconoció que se habían detectado numerosas falsificaciones en las solicitudes a esta entidad dependiente del Ministerio de Trabajo.

La mayoría de los afectados, según la letrada de SOS-Racismo Rocío Rosado Marqués, son marroquíes y algún polaco. La acusada operaba en los alrededores de Pintor Rosales y contactaba con los inmigrantes a través de un número de teléfono que se iba pasando entre el colectivo "de mano en mano".

SOS-Racismo, que estima que pueden ser más de 100 el número de inmigrantes afectados y que la cantidad presuntamente estafada supere los 10 millones de pesetas, denuncia "la aparición de este tipo de prácticas por personas desaprensivas que se aprovechan de la situación desesperada de los inmigrantes para obtener importantes beneficios con engaños".