Privatizaciones

NO PARECE que el tema de las privatizaciones de empresas públicas sea uno de los principales centros de atención durante la campaña electoral. Ello contrasta no sólo con la atención que se le presta en algunos programas electorales, sino también, desde luego, con la previsión de que la venta de algunos activos públicos contribuya a sanear las finanzas públicas en un futuro próximo. La amplia aceptación con que se ha ultimado la colocación de acciones de Argentaria o el espectacular anuncio del Gobierno francés por el que se pretende privatizar 21 empresas públicas (de las que se espeta obtener unos siete billones de pesetas) tampoco han conseguido provocar el interés público de este asunto en la clase política española.A nadie se le oculta la controversia y, en ocasiones, los prejuicios ideológicos del tema, en especial en aquellos países como el nuestro, en el que la entrada del sector público no siempre se hizo sobre la base de consideraciones estrictas de eficiencia económica, sino, en no pocos casos, como decisión obligada ante su abandono o rechazo por el sector privado. No es preciso buscar justificaciones basadas en la eficacia cuando lo que se busca en una privatización es la obtención de recursos financieros extraordinarios. En tales casos, como parecen ser los que puedan ser objeto de próxima consideración en nuestro país, la cuestión relevante es sopesar si la generación de esos ingresos excepcionales es suficiente para compensar la renuncia a una fuente de ingresos futura; esto es, si se vende bien. Qué duda cabe de que esa cuestión sólo es planteable en decisiones de venta de aquellos activos con el grado de saneamiento y rentabilidad potencial suficiente para que merezcan la atención de los inversores privados. Saneamiento que, en ocasiones, se realiza, expresamente a cargo de otros organismos públicos o directamente del presupuesto.

Adicionalmente al momento y al precio al que se decide vender, es importante considerar el resto de actuaciones sobre las finanzas públicas para evitar la reproducción de los desequilibrios. De lo contrario sería pan para hoy y hambre para mañana. No se debe olvidar que a veces son las ineficiencias en las políticas macroeconómicas las que fuerzan la venta de empresas públicas que son rentables. Son las joyas de la familia las que se liquidan para paliar las limitaciones los errores de la política presupuestaria.

La justificación más potente para privatizar total o parcialmente activos públicos tiene lugar cuando se consigue reducir de forma extraordinaria el desequilibrio presupuestario y mejorar la eficiencia de la empresa en cuestión y, con ella, la del sector al que pertenece. Es el caso en el que la venta permite la entrada de socios cuya aportación incorpora, además de recursos financieros, otras capacidades de las que carece la empresa privatizada. La preeminencia de esta motivación, fundamentalmente basada en la eficiencia, contribuiría a explicar el hecho, aparentemente paradójico, de que en algunos procesos de privatización sean a su vez empresas públicas. de otros países los principales compradores, cuestionando así cualquier rígida preconcepción de las relaciones existentes entre la naturaleza de la titularidad de los activos y la eficiencia empresarial.

Igualmente importante es la influencia que las privatizaciones pueden tener en la alteración de la estructura del mercado en el que opera la empresa en cuestión. No es una constante que estas operaciones privatizadoras estén asociadas necesariamente a procesos de liberalización de la competencia o desregulación sectorial. En ocasiones, las limitaciones concurrenciales en un determinado sector son más vinculantes para la eficiencia que la titularidad del capital de las empresas, como acaba poniéndose de manifiesto en aquellas privatizaciones que lo único que hacen es pasar a manos privadas el ejercicio del poder de mercado.

Consideraciones todas ellas, en definitiva, que, aunque no hayan sido objeto de atención en la campaña, habrán de estar presentes en la agenda del Gobierno que se proponga abordar las reformas estructurales exhibidas genéricamente en los programas electorales. La eficiencia del sector público empresarial es una exigencia básica en esa agenda.