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Los autores del 'pinchazo' a Vilarrubí ofrecieron las cintas a otros empresarios

Los autores de las escuchas ilgales en los teléfonos del financiero catalán Carles Vilarrubí (véase EL PAÍS de ayer) intentaron vender las cintas con las grabaciones de sus conversaciones entre diferentes personajes de la vida pública barcelonesa, según fuentes conocedoras del caso. Los responsables de los pinchazos visitaron a empresarios y políticos catalanes, incluído algún miembro del Gobierno de la Generalitat, con el pretexto de vender las cintas, aunque en realidad su objetivo era el de desprestigiar al empresario, reproduciendo ante los interlocutores fragmentos de las conversaciones en las que eran mencionados.El financiero catalán supo que sus teléfonos estaban pinchados cuando una de las personas a quien se le ofreció escuchar las grabaciones le alertó de lo ocurrido. Las autores del pinchazo se presentaban ante sus posibles clientes llevando un maletín, que guardaba en su interior un sofisticado aparato reproductor en el que colocaban la grabación a reproducir.

Un empresario que recibió una de estas visitas explicó que tenían como mínimo una treintena de cintas con conversaciones de la víctima. En ningún momento solicitaron dinero a sus interlocutores.

Los Mossos d'Esquadra (policía autonómica catalana) iniciaron la investigación el pasado mes de febrero después de que Vilarrubí cursara una denuncia. Los mossos desactivaron dos micrófonos en funcionamiento que habían sido instalados en el sótano del domicilio de Vilarrubí y en el garaje de la finca donde tiene fijado su despacho. El pasado viernes, la policía autonómica presentó una denuncia en el juzgado de guardia.

Red de escuchas

Carles Vilarrubí, que ocupó cargos hace más de seis años en la Administración autonómica, es actualmente consejero-delegado de Trébol Condal. El ejecutivo accedió a ocupar este puesto después de abandonar precipitadamente el pasado mes de octubre un cargo en la empresa Grand Península, sociedad que proyecta construir un parque de atracciones en Tarragona y en la que el financiero Javier De la Rosa posee un 80% de las acciones. Vilarrubí renunció a dirigir Grand Península después de que la Generalitat concediera un aval de 1.500 millones de pesetas a la empresa. Tras la dimisión, la Generalitat congeló durante meses la concesión de nuevos avales, aunque finalmente levantó esa medida cautelar ante el temor de que las obras del parque recreativo quedaran paralizadas.

La intervención ilegal de los teléfonos a Vilarrubí se inscribe en la red de escuchas que existe en Barcelona y que, como mínimo, ha afectado ya al mismo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Jiménez Villarejo, a los políticos Josep Antoni Duran Lleida y Rafael Ribó, y al director de TVE en Cataluña, Enric Sopena.

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* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de mayo de 1993