El Estado cotiza en bolsa

Hasta 1992 la palabra privatizar ("transferir una empresa o actividad pública al sector privado") no figuraba en el Diccionario de la Lengua. El fenómeno de venta de empresas públicas ha sido tan dinámico en los últimos tiempos que la Real Academia no ha tenido más remedio que admitir los vocablos privatizar y privatización, que ya los hablantes -sobre todo en el entorno económico- venían utilizando como buenos desde hacía años.En el Reino Unido ocurrió lo mismo 10 años antes, como consecuencia de la ola privatizadora de Margaret Thatcher y cuando en España se producían los primeros síntomas. Para entonces, el Instituto Nacional de Industria (INI), el conglomerado de empresas públicas más importante del país, acordó la venta de la Seat -una de las banderas del desarrollismo industrial español, con su popular seiscientos- al grupo alemán Volkswagen, aunque la operación no se formalizaría hasta 1986, ya con la Administración regida por el PSOE. Fue, precisamente, en 1986, con España incorporada a la CE, cuando el proceso privatizador alcanzó especial virulencia. Y, aunque se identifica con la venta de empresas, en los últimos años también se ha extendido la idea privatizadora a algunos servicios tradicionalmente públicos como la sanidad, el tren (partes de Renfe) y las comunicaciones (Correos).

Carlos Vallejo, miembro del comité europeo del Grupo Volkswagen por CC OO, analiza la venta de Seat y piensa que el INI se precipitó. "Todos éramos conscientes de que en el sector de automoción es indispensable estar asociado a una multinacional; pero no necesariamente tenía que haberse vendido, y menos el 100%", dice Vallejo, quien ve como gran inconveniente del cambio de propietario que el centro de decisión de la empresa esté ahora fuera de España.

En ese sentido, subraya: "El cambio de propiedad del Estado a una multinacional no es significativo desde el punto de vista de negociaciones y de conflictividad laboral; eso es igual siendo pública o privada. La dificultad. radica en que ahora es más difícil influir en las decisiones estratégicas a la hora de decidir dónde se fabrican los nuevos modelos o los motores, que son los que traen valor añadido".

Sea significativo o no, los miles de trabajadores que se han visto afectados por el cambio de dueño han debido enfrentarse a una metamorfosis. La pérdida del paraguas del Estado es lo que más preocupa a los trabajadores de Repsol, según Jesús Bustamante, técnico de Repsol Química y responsable de los Servicios Generales de la planta de Maliaño (Cantabria). Bustamante en tiende que el Estado tiene una función social que va más allá de la meramente gestora, "corno, en Hunosa o Ensidesa", y debe mantenerse en empresas competitivas y con mucho empleo.

En España la privatización se ha hecho, básicamente, de dos formas. Por un lado, la venta directa, en su totalidad (caso de Seat) o en parte, y la colocación en Bolsa de paquetes de acciones (Repsol). Esta última, además de Repsol, tiene sus máximos exponentes en las salidas a Bolsa de los grupos ENDESA y, recientemente, Argentaria. El objetivo del Gobierno es obtener ingresos sustanciosos para cubrir parte del agujero del déficit sin perder el control, aun teniendo menos del 50%. La venta se hace de manera muy atomizada basándose en un aparato publicitario extenso y dando lugar a lo que se ha llegado a llamar el capitalismo popular por el alto número de personas que se han incorporado al accionariado de una empresa.

El método de ventas directas se hace, normalmente, para empresas que no tienen carácter estratégico por su actividad o tamaño. La mayor parte de las empresas desinvertidas se habían enchufado al sector público en la etapa de mayor crisis (entre 1970 y 1982) por dificultades de los propietarios privados. La venta ha permitido la entrada masiva de capital extranjero en grupos nacionales y ha obligado a importantes inyecciones de fondos públicos para sanear la empresa.

Las privatizaciones tratan de responder al deseo de racionalización y reestructuración de sectores públicos, que no tienen red comercial ni capacidad tecnológica para competir y cuya permanencia en el Estado acarrea cargas injustificadas para los Presupuestos. También se presentan como la obtención inmediata de fondos para reducir la deuda externa, el déficit público, la inflación, para equilibrar desajustes Financieros o ante cambios estructurales o de modelo de producción. Todos estos principios se han visto favorecidos por la existencia de imperativos legales comunitarios que obligan a desmantelar los monopolios y eliminar los subsidios a las empresas públicas. Así quedó consagrado en Maastricht.

El efecto en España se refleja en la pérdida de peso de las empresas públicas en el Producto Interior Bruto, que ha pasado del 15,3% de 1982 al 9,6% de 1992, según datos del INI. Su aplicación ha suscitado fuertes disputas y polémicas sobre su efectividad. Por un lado, están los que la apoyan por considerar que la propiedad no es neutral en la organización ni en la gestión y aseguran que la propiedad pública ejerce el5ectos adversos. También se argumenta a favor que la propiedad privada favorece el uso eficaz de los recursos y la competencia, promueve la atracción de capital extranjero y amplía los mercados de capitales.

Frente a eso se achaca el carácter excesivamente doctrinario que tienen las privatizaciones, ya que favorecen las especulaciones y el enriquecimiento de unos pocos a corto plazo y perjudica al consumidor medio. Asimismo, se le tacha de ser un fenómeno fundamentalmente financiero y no de cambio en la estructura.

El presidente del grupo Repsol, Óscar Fanjul, ha sido uno de los defensores a ultranza de la reducción de la presencia del Estado en el capital de las. empresas. "No hay una razón, sino muchas para que un Gobierno de izquierdas, con una política socialdemocrata, lleve a cabo un proceso de pirivatizaciones", dijo Fanjul el pasado verano. Entonces el Estado tenía el 64,5% de Repsol, ahora sólo tiene el 41,3%. Fanjul aboga por el pragmatismo, pero la guinda la puso el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, en su primer discurso como responsable del banco emisor. Rojo dijo: "Es razonable avanzar por el camino de la privatización de las empresas públicas rentables, pero es más importante aceptar que el Estado no puede mantener indefinidamente empresas públicas con pérdidas y sin futuro".

Frente a las tesis pro-privatización, o al menos no tan favorables, figura la opinión del vicepresidente del INI, Miguel Cuenca, que no se ató la lengua para advertir del peligro de privatizar únicamente para paliar el déficit del Estado. "Si desaparece la empresa pública industrial o se venden fuertes participaciones", mantuvo en un artículo publicado en EL PAÍS, "lo que habrá desaparecido es la empresa, quedando dos alternativas: o no habrá grandes grupos industriales en España o estarán en manos de intereses extranjeros". Similar postura mantiene el economista Julio Segura, para quien la venta de acciones de empresas rentables para recucir el déficit no significa búsqueda de eficacia. Según él, vender para disminuir un déficit un año significa elevarlo en los futuros. Antonio Gutiérrez (CC OO) coincide: "Dinero para hoy y pérdidas para mañana".