Garantía política

"El que avisa no es traidor", reza un conocido dicho popular. Y está claro que nadie podrá acusar a CiU el 7 de junio de que "no ha avisado". Su eslogan de campaña, "Ahora decidiremos", ya dice bastante. La concreción que del mismo viene haciendo Jordi Pujol dice mucho más: "Puede ocurrir perfectamente que un Gobierno que haya ganado la votación de investidura pierda la de los Presupuestos del Estado unos meses más tarde". La hora de la verdad no será, pues, la investidura, sino que llegará a finales de año, cuando, tras la negociación "económica" y "autonómica" correspondiente, se haya determinado lo que cuesta la "contribución" de CiU a la "gobernabilidad" de España.La reflexión se impone. No sólo por venir de quien viene, sino además porque el patio está como está. Si los pronósticos de las encuestas se hacen realidad, CiU puede convertirse de hecho en el único partido con el que se podría contar para formar Gobierno.

Más todavía tras la posición de fuera de juego en que parece haber quedado IU para la próxima legislatura. En parte por motivos externos a ella (el rechazo de los demás partidos y el cerco por los sectores de la sociedad y de los medios de comunicación que únicamente la jalean cuando se opone frontalmente al PSOE) y en parte por motivos imputables a ella misma (su proceso "democrático" de elaboración de candidaturas, las condiciones impuestas para cualquier negociación imposibles de aceptar por nadie con un mínimo de solvencia política), el resultado es que IU no va a contar en lo que a la gobernación del país se refiere. Los escaños de IU estarán contra todo proyecto, sea el que sea. En lo que a participación en la toma de decisiones se refiere, su posición no va a ser muy distinta de la de HB.

Justamente por eso, la posición de CiU se ve enormemente reforzada. El "Ahora decidiremos" no podrá hacerse realidad porque es imposible, pero su posición sí puede ser decisiva.

Y los términos de la negociación están claros. Tras el fracaso de la operación reformista del 86, CiU vuelve a reafirmarse en su estrategia sindical respecto del sistema político español. Los votos de CiU para gobernar España tienen un precio: "Que nadie nos llame mercantilistas" por ello, ha dicho Jordi Pujol recientemente.

Frente a dicha estrategia sindical no cabe más que una respuesta política. De lo contrario, entraríamos en una subasta que haría imposible cualquier proyecto de Gobierno. Los presupuestos y el estado de las autonomías son cuestiones capitales, pero precisamente por eso no son susceptibles de ser abordadas sindicalmente, como si de la negociación de un convenio colectivo se tratara.

Ésa es la respuesta dada por Felipe González, renunciando públicamente a formar Gobierno si el PSOE no es el partido con mayor número de escaños. Aquí no hay ninguna maniobra partidista. Hay simplemente sentido común. Obligar a CiU a entenderse con el partido español más votado es la única manera de poder canalizar la negociación a través de un proyecto general de gobernación del país. El marco de negociaciones no puede definirlo el nacionalismo catalán. Tiene que hacerlo el partido español. El Gobierno de la nación no es el de un Ayuntamiento o una comunidad autónoma. Tal como está el patio, el acuerdo entre el PP y el PSOE de que sólo formará Gobierno el que obtenga más escaños es la "garantía política mínima" de la gobernabilidad del país.