La Junta de fiscales no considera a "urgente" que los peritos de Filesa ratifiquen su informe

JULIO M. LÁZARO, La Junta de Fiscales de Sala, presidida por el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, consideró en su reunión de ayer que la ratificación del informe de los peritos de Hacienda en el caso Filesa. prevista para tres días antes de las elecciones del 6 de junio, no reúne los requisitos de "urgente e inaplazable" significados por el juez Marino Barbero. La Junta estudió también el informe del fiscal Antonio Salinas sobre el tribunal competente en el caso y se mostró mayoritariamente de acuerdo con que el asunto debe permanecer en el Tribunal Supremo.

Tras la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, que estudió la ratificación "urgente e inaplazable" del informe de los peritos de Hacienda en el caso Filesa, Eligio Hernández. se limitó a informar de la existencia de un acuerdo entre el fiscal del Estado y la Junta, pero se negó a especificar su contenido. "Sobre este punto no hay problema", añadió.A renglón seguido dijo que la Junta de Fiscales dejaba al criterio de los fiscales de la Sala Segunda del Supremo "la forma de hacer llegar esa decisión a la Sala" y enunció dos de ellas: por medio de un "recurso directo" del ministerio fiscal, o bien informando sobre los recursos que interpongan los abogados defensores. En cualquiera de los dos casos la resolución implica una impugnación de la decisión del juez Barbero.

Hernández también dijo que la Junta había solventado una "duda" del fiscal del caso, Antonio Salinas, "en un punto concreto" de su dictamen sobre competencia en el caso Filesa. Salinas, que se ha mostrado partidario de que el Tribunal Supremo siga siendo competente, planteó la eventual aplicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que determinaría la competencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma si el ex senador socialista Josep Maria Sala hubiese cometido los supuestos delitos de Filesa en territorio catalán.

No obstante, la Junta de Fiscales tuvo en cuenta un informe previo de la Secretaría Técnica que advertía que el fiscal no debe pronunciarse sobre el ámbito territorial de unos delitos de los que el instructor no ha inculpado aún a nadie.

Los defensores de los querellados en el caso Filesa presentaron ayer sus recursos contra la decisión del juez Barbero. Javier Sáenz de Pipaón, del bufete que defiende al ex diputado del, PSOE Carlos Navarro, afirmó ayer que Marino Barbero "va en contra de sus propios actos", ya que no tiene sentido "que cambie de criterio si las circunstancias no han cambiado". Precisó que, desde el punto de vista técnico, la diligencia no es urgente ni inaplazable, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando se refiere a las diligencias urgentes, alude a la situación de libertad o prisión del reo o a evitar que desaparezcan las pruebas del delito.

Contradicción

Pablo Jiménez de Parga, defensor de Luis Oliveró y Alberto Flores, accionistas de Malesa, considera en su recurso a la Sala Segunda del Supremo que "es una verdadera contradicción mantener que una diligencia es urgente e inaplazable y señalar su práctica para 23 días después".

El abogado añade que fijar la ratificación del informe pericial tres días antes de las elecciones generales del 6 de junio no es un acto meramente jurídico, sino que "es un acto con trascendencia política". "Parece que subyace", añade, "( ... ) la intención de arrebatar a los líderes de los partidos políticos el papel estelar en los actos de cierre de campaña".

La ratificación del informe pericial, prosigue Jiménez de Parga, "será interpretada con criterios políticos partidistas, y la información servirá, sin duda, para intentar perjudicar a uno de los contendientes en la batalla electoral". "Contrasta esta grave situación con la proclamación de neutralidad absoluta que durante estos días de precampaña han efectuado tanto el Supremo como el Constitucional.