El narcotráfico, en el banquillo

NO ES un juicio cualquiera el que tiene lugar en la Audiencia Nacional contra el capo gallego de la droga, José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, y su plana mayor, acusados de introducir 2.500 kilos de cocaína en España y de controlar su distribución. De hecho, es el primero en el que la justicia española se enfrenta cara a cara con una organización del narcotráfico, con sus jefes, sus asesores, su cohorte de abogados y, en última instancia, con sus formidables medios económicos. Pero también es la culminación judicial de uno de los grandes golpes asentados en los últimos años al narcotráfico por los jueces Baltasar Garzón y Carlos Bueren al frente de los correspondientes servicios de la policía y de la Guardia Civil. La comparecencia de Sito Miñanco y del grueso de sus colaboradores ante los jueces prefigura, además, la del aluvión de narcotraficantes que esperan su turno en las cárceles españolas. Ninguna maniobra ni argucia dilatoria va a ahorrarles el trance de responder ante la justicia y la sociedad de las graves acusaciones que pesan sobre ellos: introducción a gran escala de la droga en España, establecimiento de redes de distribución comercial y creación de sociedades tapadera recolectoras del dinero de la droga para facilitar su posterior blanqueo en los circuitos financieros.

En la batalla que el Estado y la sociedad libran contra el narcotráfico, el juicio contra Sito Miñanco cobra, pues, un significado especial. Hasta ahora, los tribunales españoles han juzgado, fundamentalmente, a poseedores de droga para su consumo, a pequeños traficantes o, en todo caso, a capos de ámbito local. Los precedentes judiciales en los casos del mafioso Antonio Bardellino, en 1984, y de los reyes colombianos de la cocaína Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, en 1986, dejaron en el aire más que dudas. En el primer caso, corrupción comprobada de dos importantes miembros de la judicatura que propiciaron la puesta en libertad del mafioso italiano y su inmediata huida. Y en el segundo, toda una serie de resoluciones contradictorias que a la postre se materializaron en la más favorable a los capos colombianos: su extradición a Colombia, en lugar de a EE UU, en donde siguieron con su criminal negocio.

Jueces españoles se enfrentan al desafio de juzgar por primera vez a los máximos responsables de una organización de la moderna industria de la droga. Y si bien es cierto que en un Estado de derecho todo acusado goza del amparo de sus garantías, también lo es que la justicia debe saber distinguir las tácticas de defensa de aquellas otras que pueden ser sospechosas de condicionar su actuación. La actividad criminal del narcotráfico tiene como principal víctima a la sociedad. Y para recordárselo al tribunal, si es que fuera necesario, están personados en el proceso representantes legales de la Xunta de Galicia y de los ayuntamientos de Madrid y de Vigo; es decir, de las poblaciones que más han padecido los efectos perniciosos de la actividad de los acusados.