Los colaboradores de Sito Miñanco alegan presiones del juez y de la policia
Seis de los procesados de la banda del presunto narcotraficante Sito Miñanco negaron ayer cualquier relación con el tráfico de cocaína o con el blanqueo de dinero y adujeron "presiones" de la policía y del juez Baltasar Garzón para justificar sus numerosas evasivas y contradicciones y sus cambios de declaración. La sesión del juicio mantuvo la misma tónica de la jornada precedente, con unos procesados que aparentaban haberse enterado de que se les relacionaba con el tráfico de cocaína sólo cuando se vieron en comisaría. El interrogatorio del presunto jefe José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, abrirá la sesión de hoy.
Uno de los procesados interrogados ayer, José Alberto Aguin Magdalena, Rubio de Ayos, representó el papel de un "obrero" que conocía a Sito Miñanco desde hace diez años y a cuya madre le había hecho algunas obras en casa. Ante el tribunal, apenas dio importancio al hecho de ser titular de un 30% de una sociedad llamada Thalassa, de la cual apenas sabía que estaba radicada en Amberes (Bélgica) y que la llevaba su amigo Sito. Aguin Magdalena ni siquiera supo contestar si la sociedad daba beneficios porque fue detenido "antes de hacer balance". El fiscal pide para Aguin Magdalena 17 años de cárcel por narcotráfico y receptación.En realidad, Thalassa Repairs and Tradings, constituida con un capital de 2,25 millones de pesetas gestionaba 15 buques que presuntamente transportaban cocaína desde Colombia a España y el movimiento comprobado de cuentas de la sociedad era de unos 1.200 millones de pesetas al año. El objetivo de la sociedad era "reparar barcos", según el Rubio de Ayos, quien no supo explicar cómo puede reparar barcos una sociedad que no tenía ningún astillero.
José María Castillo San Martín, que declaró a continuación, también está considerado integrante del estado mayor de Sito Miñanco, y fue quien alquiló el piso de la calle Alfonso XIII de Madrid -desde el que se distribuyeron unos 2.300 kilos de cocaína- y una nave de Ajalvir en la que apareció un camión con compartimentos camufiados para transportar la droga. Castillo, sin embargo, declaró ante el tribunal que alquiló la nave porque se lo pidió José María Díaz Lavilla, otro presunto integrante de la banda ya fallecido.
Durante el interrogatorio a Castillo, el fiscal sacó a relucir que el padre del detenido había denunciado presiones de los abogados de Sito Miñanco para que cambiase su declaración. El procesado replicó: "Mi padre diría lo que fuese con tal de sacarme". Ante la protesta del abogado de Sito Miñanco, Gerardo Quintana Aparicio, el fiscal puntualizó que Miñanco había tenido otros abogados anteriores y que él no había citado nombres. El fiscal pide para Castillo 8 años por narcotráfico.
José Manuel Rodríguez Núñez, ex empleado de Telefónica, negó que hubiera facilitado información a la banda de Sito Miñanco y dijo que había sido despedido a raíz de su procesamiento en este sumario. Rodríguez Núñez está acusado de facilitar información sobre las intervenciones telefónicas efectuadas por la policía, lo que dificultaba sobremanera el seguimiento de la banda.
150 millones
Juan José de la Peña González, para el que el fiscal pide 12 años de cárcel, por delito monetario y receptación, fue detenido cuando viajaba en un vehículo en el que iban ocultos 150 millones de pesetas que presuntamente le había entregado Sito Miñanco. De la Peña explicó que un amigo suyo portugués, apellidado Freitas, le había contratado para llevar un vehículo hasta Hamburgo. "Pero es verdad que existe Freitas?", preguntó el fiscal. De la Peña dijo que sí: "Todavía no le he encontrado, pero tengo tiempo" añadió.Una historia similar presentó el colombiano Jorge Isaac Vélez, a quien le intervinieron 92 bolsas de cocaína en un automóvil que llevaba a Las Rozas para "hacer un favor" a su amigo, Julio Gabriel Flores Riera.
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