La coincidencia de dos campañas

A LO largo de las próximas semanas, los españoles están llamados a comparecer ante Hacienda para liquidar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), uno de los más importantes del sistema impositivo del Estado, tanto por su capacidad recaudatoria -alrededor de cinco billones de pesetas como por la procedencia de la recaudación. A diferencia del impuesto de sociedades -que grava los beneficios de las empresas- o el IVA -que grava el consurno-, el IRPF grava los ingresos obtenidos por los particulares, y muy especialmente las rentas del trabajo, los salarios. Afecta, pues, a una capa muy extensa de la población. Hacienda espera recibir alrededor de 12 millones de declaraciones, que pueden ser presentadas hasta el 20 de junio -si son positivas-, o hasta el 30 de junio si tienen derecho a devolución.La campaña sobre la renta debería ser un acto de conciencia fiscal del contribuyente. Sería parcial identificar la citada campaña con una mera recaudación impositiva. Es ahora cuando más conviene recordar que la Hacienda pública no existe para beneficiar a uno u otro partido político, sino para nutrir las arcas del Estado y permitir al partido gobernante ejercer las políticas de gasto e inversión más acordes con su programa político, que por definición será el programa de la mayoría de españoles desde el momento en que habrá sido legitimado con la votación de investidura del Parlamento.

Es ésta una cuestión importante en esta campana de renta, al coincidir en el tiempo con la electoral. El pago del IRPF no debe ser manipulado políticamente, porque las críticas a la política fiscal de un Gobierno -fuere el que fuere-, aunque siempre es legítimo hacerlas, no deben entorpecer la campaña recaudatoria. O, lo que es lo mismo, la campaña electoral no debe invitar a la deserción de los deberes con Hacienda, por mucho derecho que se tenga a considerar que la presión fiscal es excesiva.

El IRPF es el impuesto más criticado: a menudo se comete el error de tomar como referencia de los pagos al fisco la liquidación que debe presentarse desde estos días hasta finales de junio. Se olvida así que ahora no se trata más que de hacer balance entre lo que se debe pagar a tenor de los ingresos -y una vez aplicadas las deducciones que corresponden- y lo que ya se ha pagado durante todo el año a través de las retenciones. De hecho, en la campaña de estas semanas Hacienda obtendrá un saldo a su favor de tan sólo, 60.000 millones de pesetas, fruto de unos ingresos previstos de 613.000 millones de pesetas y unas devoluciones previsibles de 552.000 millones de pesetas. El grueso del impuesto -hasta alcanzar los 5,1 billones de pesetas previstos- ya se ingresó con las retenciones a cuenta.

En conjunto, el IRPF por el ejercicio de 1992 supondrá para el Estado una merma respecto a los ingresos que se obtendrían si se aplicaran las mismas tarifas que en 1991. Esta merma, sin embargo, será sólo de 275.000 millones de pesetas y no de 400.000 millones, como se preveía al aprobarse la ley. El aumento de 125.000 en la recaudación es precisamente fruto del incremento de la tarifa decidido por el Gobierno en el ejercicio pasado.

Normalmente, tarifa y retenciones están acompasadas, por lo que el resultado de la declaración suele depender de las deducciones y desgravaciones y de los cambios de situación de los contribuyentes durante el ejercicio. Este año, sin embargo, existe un desfase entre retenciones y desgravaciones, debido a que las primeras subieron en agosto y, además, el Gobierno aprobó una subida retroactiva de la tarifa desde enero. Dicha subida fue impugnada por algunos partidos ya que podría atentar contra el principio de seguridad jurídica. Estos cambios han dado origen, además, a una polémica relativamente estéril sobre si el número de declaraciones a devolver será mayor o menor que otros años.

La declaración de este año contiene algunas novedades: la variedad de tarifas, el aumento de la deducción general por gastos sin justificar, el cambio en los incrementos patrimoniales y la aplicación retroactiva de la tarifa del impuesto aprobada por el Gobierno en julio pasado dentro del paquete de medidas que el Ejecutivo elaboré para contener el desbordamiento del déficit público. También se retocan los mínimos exentos. Quienes hayan ingresado menos de un millón de pesetas el año pasado -o 1,2 millones si se deciden por la tributación conjunta de los dos cónyuges- no están obligados declarar, aunque es conveniente por su propio interés que calculen su declaración para comprobar si tienen o no derecho a devolución.