Sustituidos los jueces que iban a juzgar al presunto asesino de Santiago Brouard tras ser recusados

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acordó a última hora de la tarde de ayer sustituir a los magistrados que debían juzgar el asesinato del dirigente de Herri Batasuna (HB) Santiago Brouard, ante la recusación planteada por la defensa del principal acusado, Rafael López Ocaña, minutos antes de que en la misma mañana de ayer diesen comienzo las sesiones del proceso. La argucia del letrado forzó al tribunal del caso Brouard a dar cuenta de la recusación al Tribunal Superior y esperar durante toda la jornada a que éste se pronunciase, pero no consiguió un aplazamiento indefinido del proceso que diese lugar a la excarcelación de López Ocaña por cumplimiento del tiempo máximo de prisión preventiva.

El juicio con magistrados no afectados por la recusación dará comienzo a las diez de la mañana de hoy. Los nuevos magistrados que compondrán el tribunal del caso Brouard son Fernando Valdés, que actuará como presidente y ponente de la sentencia, en sustitución del presidente de la Audiencia de Bilbao, Joaquín Jiménez; y Concepción Marcos y Leonor Cuenca, que sustituyen a los magistrados Ana Isabel Rodrigo y Jesús Miguel Escanilla.Aunque la decisión del Tribunal Superior demuestra la firme voluntad de no posponer el inicio del proceso, el acusador particular de la familia Brouard, Txema Montero, expresó sus reservas porque unos magistrados que no han tenido ningún conocimiento de un sumario tan complejo y difícil como el de Brouard tengan que dictar la sentencia.

El abogado Manuel Maza adujo para la recusación el temor de López Ocaña de no ser juzgado imparcialmente por haberle prorrogado el tribunal la prisión provisional. El tribunal se negó a que el acusado fuese excarcelado el pasado 14 de marzo, fecha en la que se cumplían los cuatro años de plazo máximo de estancia en prisión previstos en la ley.

"Marrullería jurídica"

La recusación del tribunal en la misma mañana en que debía comenzar el juicio por el asesinato del pediatra bilbaíno fue interpretada como una "marrullería" o "triquiñuela" por las demás partes personadas en el proceso, que se opusieron unánimemente a su admisión a trámite. A fin de dar contenido al incidente, el abogado de López Ocaña había presentado el pasado domingo en el juzgado de guardia una denuncia contra los magistrados que debían juzgar el caso.La denuncia, que ayer ni siquiera había sido admitida a trámite; imputaba al presidente del tribunal, Joaquín Giménez, y a los magistrados Ana Isabel Rodrigo Landazábal y Jesús Escanilla Pallás un supuesto "interés directo o indirecto" en la condena de López Ocaña por la negativa a su excarcelación el pasado 14 de marzo.

En aquella ocasión el tribunal dio prevalencia al principio de efectividad de la justicia sobre la "maniobras retardatarias" de la defensa "tendentes al agotamiento de los plazos de prisión preventiva". En consecuencia interrumpió sine die el plazo de prisión de López Ocaña hasta que el Supremo se pronunciase sobre un recurso articulado por su defensor sobre la jurisdicción competente en el proceso. Con ello, el tribunal evitó que López Ocaña fuese excarcelado y, eventualmente, darse a la fuga, eludiendo la acción de la Justicia.

La recusación forzó al tribunal a dar traslado del incidente al Tribunal Superior de Justicia para que este se pronuncie sobre su admisión a trámite. Previamente, el presidente hizo entrar en la sala a Rafael López Ocaña, para quien el fiscal y acusación particular de la familia Brouard piden un total de 35 años de cárcel por asesinato y tenencia ilícita de armas.

Preguntado si tenía algo que añadir a la recusación, López Ocaña dijo: "Creo que ahí está todo dicho. No siento que tenga garantías de un juicio imparcial".

El abogado de la acusación particular, Txema Montero, calificó de "grosero" el intento de la defensa de suspender el juicio por el asesinato de Brouard. Montero acusé al letrado de LÓpez Ocaña de utilizar "triquiñuelas de tipo obstaculizador para que el encausado no sea juzgado y poder así eludir la acción de la justicia". No es la primera vez que el letrado de López Ocaña, Manuel Maza de Ayala, utiliza argucias legales para dilatar el proceso y conseguir que su defendido estuviera en la calle antes del comienzo de la vista oral. En enero de este año Maza pidió el traslado de la causa a la Audiencia Nacional, pero en febrero. la Audiencia de Bilbao se declaró competente para juzgar el caso. Rafael López Ocaña fue detenido el 16 de marzo de 1989 y no debería haber superado los cuatro años máximo de prisión provisional. Sin embargo, todas estas "maniobras retardatorias", según Montero, quedaron cortadas de raíz con un auto por el que la sala acordaba la "interrupción del cómputo del plazo de prisión preventiva" desde el 21 de enero de 1993.