Las administraciones deben 45.600 millones de pesetas a la industria electrónica

La deudas vencidas de las distintas administraciones públicas con la empresas fabricantes de aparatos electrónicos se eleva a 45.661 millones, según un informe que ha elaborado la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas (Aniel). Esa cifra supone el mayor nivel de deuda nunca registrado, según Jesús Banegas, presidente de Aniel, para quien las perspectivas a corto plazo, lejos de mejorar, tenderán a empeorar.El máximo responsable de Aniel asegura que es la primera vez que se elabora un informe detallado por distintas administraciones y entes públicos sobre las deudas con la industria electrónica. Banegas reconoce que las deudas "quizá sean un poco mayores, aunque los datos son muy fiables".

El principal deudor del sector electrónico es la Administración central con un total de 19.198 millones de pesetas, lo que supone el 42% del total. El Ministerio de Defensa y el de Sanidad concentran más de la mitad de esa deuda. El conjunto de las comunidades autónomas totalizan 9.917 millones, es decir, el 21,7% del total. Es Andalucía la que suma de largo el primer saldo deudor con un total de 3.877 millones de pesetas, seguida de Cataluña con 1.344 millones, Galicia con 1.567 y Valencia 1.158 millones. La administración local (los ayuntamientos), suman unas deudas de 1.281 millones de, pesetas; es decir, el 2,8%.

Los entes públicos autónomos totalizan una deuda vencida con el sector de 15.279 millones de pesetas, lo que equivale al 33,5% del total.

Aniel se plantea ahora solicitar a los diferentes deudores de este sector los intereses de demora que están contemplados en la actual legislación española ya que el impacto de estas deudas es muy fuerte en la cuenta de resultados.

Jesús Banegas ha señalado que el periodo medio de cobro en el sector para los pedidos es de seis meses, plazo superior al de la Europa comunitaria. "Las empresas electrónicas españolas son las que sufren un mayor índice de retraso a la hora de cobrar los pedidos", recalca.

Un problema, si cabe mayor, según el presidente de Aniel, es "la indefensión que tenemos al no encontrar el interlocutor válido que asuma la responsabilidad de los pagos".

La inquietud ante la deudas públicas no es exclusiva de España, aunque en la CE la situación es mucho menos dramática, afirma Aniel. Ante las dificultades para establecer una norma ejecutiva, la Comisión estudia redactar una recomendación para atajar el problema, según Banegas.