A vueltas con el censo electoral

LA JUNTA Electoral Central ha actuado con reflejos ante el problema planteado a las decenas de miles de ciudadanos que estaban en trance de no poder ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones generales. Pasando por alto que el plazo legal de exposición de las listas provisionales había vencido, la Junta ha hecho lo que debía: buscar la forma de que la letra de la ley no violentara su espíritu, es decir, que bajo ningún concepto un ciudadano pueda ser privado del ejercicio del derecho al voto en contra de su voluntad.Con una "certificación censal específica", los miles de ciudadanos que han sido excluidos de las listas electorales en diversos lugares de España podrán votar sin problema alguno el día 6 de junio. Sólo hace falta que este documento llegue a su debido tiempo a sus destinatarios y que nuevos errores administrativos no vengan a invalidar la iniciativa con la que se pretende enmendar los que están en el origen de la exclusión.

Pero, además de satisfacer un derecho fundamental del ciudadano, la pronta y flexible actuación de la Junta Electoral Central en la rectificación de los errores ayudará a reforzar la credibilidad del censo y a cortar de raíz los previsibles intentos de descrédito de todo el proceso electoral. No hay que olvidar la ligereza con que algunos, en el pasado, han tomado pie en determinadas y concretas irregularidades electorales para poner bajo sospecha el resultado de las urnas.

Es cierto que las últimas reformas introducidas en el sistema electoral harán dificil que aprovechados interventores del PSOE o avispados militantes del Partido Popular vuelvan a hacer de las suyas en los próximos comicios: votar dos veces, en un caso, o manipular en beneficio de su partido miles de votos por correo de personas de la tercera edad, en el otro. Pero si nuevamente grupos numerosos de ciudadanos hubieran quedado excluidos de las elecciones por causas imputables a la Administración, todos los esfuerzos que se vienen realizando para perfeccionar los mecanismos de actualización del censo habrían resultado en vano.

Desde las primeras elecciones libres, celebradas en España hace 16 años, no ha habido ninguna en que, por deficiencias en la confección del censo, racimos enteros de ciudadanos con derecho al voto, a veces agrupados en familias completas, casas de vecindad o tramos de calle, no hayan quedado excluidos de las listas y, en consecuencia, despojados del más importante de sus derechos políticos, como es el de participación en los asuntos públicos. Que ello haya podido ocurrir en los primeros momentos de la etapa democrática puede ser disculpable, dado lo laborioso de la elaboración de un censo electoral fiable y completo, pero que pudiera seguir ocurriendo en las sextas elecciones libres hubiera sido de todo punto injustificable.

Lo hubiera sido que más de 20.000 ciudadanos de Alcalá de Henares -el 20% de su censo electoral- o que varios miles más de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas o Castellón fueran marginados del proceso electoral no por falta de diligencia o de interés por su parte en resolver los problemas censales que les afectan, sino por efecto del mal funcionamiento de la maquinaria administrativa. Pero, por una vez, los causantes del desaguisado han sabido reaccionar con presteza. Y si hasta ahora la Administración electoral española -y a su frente la Junta Electoral Central- no ha sido capaz de disponer de una fotografía al día de la movilidad social de los españoles, al menos parece dispuesta a corregir sobre la marcha las secuelas de su incapacidad. De no haberlo hecho, la Junta Electoral Central se hubiera desacreditado a sí misma: ¿cómo justificar entonces los cuantiosos gastos generados por la revisión extraordinaria del censo total de votantes llevada a cabo por su iniciativa en 1992 con el objeto de subsanar, de una vez, los errores que las revisiones ordinarias no son capaces de corregir año tras año?