El ciudadano Garzón

EL GOLPE de mano de Felipe González al incluir como segundo de su candidatura al juez Garzón ha sido espectacular. Que se trata de una decisión interesada,, destinada a dar credibilidad al propósito de la enmienda socialista, es una evidencia. Pero esa es una de las características del sistema democrático: que por su propio interés los partidos deben ser sensibles a las demandas del electorado; en este caso, a la demanda de apertura a la sociedad de un partido que tras 10 años en el poder había dado abundantes muestras de anquilosamiento y alejamiento de los ciudadanos.La iniciativa coloca en situación incómoda a quienes, guiados por un antigubernamentalismo a machamartillo, halagaron a Garzón hasta el ridículo, erigiéndole en símbolo de la resistencia antisocialista. Pero ridiculiza también a quienes, desde el otro campo, intentaron descalificar al juez que detuvo y procesó al comisario Amedo, atribuyendo a enfermiza animadversión contra el Gobierno esa y otras decisiones, y a su afán de notoriedad pronunciamientos como los del ciudadano Garzón contra la ley Corcuera. Esa inequívoca significación pública -que también ha suscitado las reticencias de sectores muy influyentes de la derecha con motivo del procesamiento de guardias civiles acusados de pagar con droga a confidentes- diferencia su incorporación a las candidaturas de otras incorporaciones imaginables, en las que la etiqueta de independiente sería sólo el camuflaje de un incondicional: un independiente no es exactamente lo mismo que un compañero de viaje, figura característica, en una época, de la estrategia electoral de los partidos de la III Internacional.

La iniciativa es estimable por lo que tiene de autocrítica práctica. Los socialistas han desplegado una política judicial sólo comparable, por lo desatinada, a la seguida con los medios de comunicación. Al acoger a Garzón, y en un puesto de gran relieve, el PSOE reconoce implícitamente su sectarismo anterior y adquiere un cierto compromiso de rectificación. El PSOE ofrece medidas destinadas a evitar ciertos abusos -en relación a la financiación de los partidos, por ejemplo-, pero tiene dificultades para responder a esta pregunta: ¿qué les impidió haber realizado desde su mayoría parlamentaria eso que ahora proponen? Es el hecho de que no se trate de un incondicional, sino de alguien conocido justamente por actitudes ingratas al poder, y a quien no podrá exigir disciplina ciega, lo que otorga a la iniciativa el valor de aval de esa voluntad de enmienda.

Si una parte del electorado socialista duda de la conveniencia de repetir su voto, pese a su escaso entusiasmo por Aznar, es porque considera dificil que desde la continuidad en el poder sea posible abordar ciertas rectificaciones: en relación a la televisión pública, a la política de nombramientos en instituciones como la Fiscalía General o el Tribunal de Cuentas, a la utilización de la mayoría en el Parlamento, etcétera. Ese sector del electorado necesita alguna prueba de la sinceridad del compromiso socialista de acabar con esos abusos, y con su corolario: la inercia de instalados que ha impedido a los dirigentes del PSOE reaccionar con reflejos ante el escándalo de Juan Guerra o el caso Filesa.

La de Garzón es la más simbólica de una más amplia incorporación de independientes -como la del también juez Ventura Pérez Mariño o la de la catedrática de Ética Victoria Camps- de significación parecida: el alcance de esta prueba de renovación dependerá no sólo del talante de los nuevos candidatos, sino también de su número, y del nivel de resistencia o anuencia que al respecto ofrezca el aparato del partido socialista.

Esa valoración política de la iniciativa no es contradictoria, sin embargo, con la polémica que suscita la participación de los miembros de la carrera judicial en la vida política, o mejor, con su retorno posterior a la carrera judicial. Es una duda genérica, no resuelta, que ya se planteó, por ejemplo, con motivo del salto a la política intentado en 1986 por el hasta poco antes presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles.. La prohibición constitucional de afiliación política de los jueces se fundamenta en la exigencia de neutralidad de una instancia a la que la sociedad atribuye el poder de aplicar una represalia única e inapelable contra quienes violan sus normas. Esa exigencia debería implicar seguramente, más alla de la prohibición de simultanear ambas ocupaciones, el compromiso de renunciar voluntariamente -durante un plazo suficiente posterior a la aventura política- a las tareas judiciales, distintas por esencia de las ocupaciones legislativas.