El 'comando' que ocupa la Corte Suprema costarricense exige la liberación de narcotraficantes colombianos
El comando armado hasta los dientes que se hizo fuerte el lunes en la sede de la Corte Suprema de San José y mantiene en su poder a 23 rehenes, entre ellos 18 magistrados, hizo públicas ayer sus exigencias: la liberación de cuatro narcotraficantes colombianos presos en Costa Rica, un rescate de 20 millones de dólares (unos 2.300 millones de pesetas) y garantías para poder viajar sin trabas hacia otro país latinoamericano.
El Gobierno de Costa Rica mantuvo ayer un total hermetismo sobre las peticiones de los asaltantes, cuyo número e identidad todavía se desconocen. El presidente, Rafael Ángel Calderón, aseguró en una conferencia de prensa: "Vamos a iniciar la estrategia de negociaciones", pero no aportó más detalles. El ministro de la Presidencia, Rolando Laclé, precisó que la única identificación que tienen las autoridades del "comando de la muerte", como se autodenominan los secuestradores, es que el jefe se hace llamar Charlie.El grupo liberó anoche a uno de los 24 rehenes iniciales, el magistrado Jesús Ramírez, que sufría serios problemas cardiovasculares. Los magistrados de la Corte Suprema que no se encontraban en el edificio crearon ron ayer un tribunal interino para mantener el sistema judicial del país.
A las once de la noche (hora española) finalizó el ultimátum dado por los secuestradores para que el Gobierno respondiese a sus demandas. El comando amenazó con volar el edificio si el Gabinete no cede a sus peticiones.
Otro miembro del Gobierno, el ministro de Seguridad, Luis Fishman, reconoció que ya se habían producido contactos con los secuestradores. Testigos presidenciales vieron a una funcionaria llevar al edificio de la Corte una radio y un televisor como lo había pedido inicialmente el comando. Fishman forma parte, con otras autoridades, de un comité de crisis creado por el Gobierno.
Fuentes no oficiales precisaron que los cuatro presuntos narcotrafícantes cuya liberación exigen los secuestradores son Luis Armando Mola, Carlos Alberto Urquijo, Raúl Álvarez y Zoraida Insignares, cuya extradición está gestionando Estados Unidos y que son acusados de pertenecer al cartel de Cali.
Decenas de policías acordonan el edificio de la Corte Suprema de Justicia, situado en el centro de San José. Un médico visitó ayer la sala en la que se encuentran secuestrados los magistrados para examinar a algunos de ellos.
El comando irrumpió en el edificio de la Corte hacia las dos de la tarde del lunes, y entró por un pasaje subterráneo vigilado por un solo guardia. Este secuestro se produce menos de dos meses después de la toma de la Embajada de Nicaragua en San José por antisandinistas.
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