El abogado Álvaro Reizabal medió en una extorsión "del lado de ETA", según la fiscal

El ahogado de HB Álvaro Reizabal "no estuvo del lado del empresario Miguel Jauregiberri, sino del lado de ETA", cuando medió en el pago del impuesto revolucionario, aseguró ayer la fiscal de la Audiencia Nacional en su informe, en el primer juicio contra miembros del aparato de finanzas de ETA. Frente a las protestas del abogado de HB Miguel Castells, el presidente del tribunal amparó la libertad de expresión del letrado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que pidió que no se olvide "el hedor de los 741 muertos de ETA que se desprende de las palabras de la defensa".

La fiscal de la Audiencia Nacional destacó la especial trascendencia del proceso: "Después de tres décadas de existencia de ETA, es la primera vez que se juzgan hechos que no están relacionados ni con la infraestructura ni con los comandos armados, sino con el aparato de fianzas, sin el cual no habría atentados. En sus concluciones pidió 15 años para Reizabal, 44 años para José Carlos Apesteguía, Peio Bilbao, y 42 años para Luis Manuel Idarraga y Jon Andoni Solagurenbeascoa, por delitos de pertenencia a ETA yamenazas.La fiscal rechazó que Reizabal, quien entregó al empresario Jaureguiberri dos notas con directrices para pagar el impuesto revolucionario, actuase de acuerdo a "principios morales y éticos", y dijo que ETA busca en profesionales como él, que pueden acogerse al secreto profesional, una cobertura de legalidad.

En referencia a la declaración del empresario Jaureguiberri, que tras pagar 9 millones a ETA dijo estar en deuda con Álvaro Reizabal, la fiscal afirmó: "Ése es el drama de las víctimas de ETA; que después de lo que han sufrido tienen que estar agradecidas de que les dejen seguir con vida".

La fiscal pasó revista a las acusaciones de cada uno de los procesados. De José Carlos Apesteguía, Peio Bilbao, que ha confesado su pertenencia a ETA y su participación en la extorsión a diversos empresarios, dijo que no es creíble su intento de exculpar a los demás acusados. Añadió que Luis Manuel Idarraga acompañó al anterior y colaboró con él, y que Jon Andoni Solagurenbeascoa fue el depositario del dinero en la sede del sindicato LAB, en Rentería.

"Decir que Reizabal ha mediado por razones humanitarias es lo último que les quedaba por oír al espíritu de los muertos de ETA", dijo el abogado Pedro Cerracín en nombre de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Álvaro Reizabal, que intervino en su propia defensa, dijo que actuó "en conciencia" y "ante un ser angustiado", por lo que no entendía su permanencia en prisión. Su abogado, Kepa Landa, tras pedir la nulidad de actuaciones, insistió en que Reizabal actuó con carácter "humanitario".

Antes del ser retirado del tribunal, el procesado Peio Bilbao amenazó: "A partir de ahora, todos los empresarios del País Vasco tendrán que pagar el impuesto revolucionario ".

En otro juicio, el fiscal pidió 132 años de cárcel para el etarra francés Henri Parot por el atentado contra un autobús de la Guardia Civil en Barcelona.