La protección del medio ambiente es "un filón de empleos", según el ministro de Obras Públicas

La exigencia medioambiental produce un encarecimiento de los costes de producción y un reajuste de puestos de trabajo, pero también "es un yacimiento de empleos", afirmó ayer el ministro de Obras Públicas, José Borrell, quien cifró en un billón de pesetas la demanda de las empresas dedicadas a la protección industrial y al reciclaje de residuos en el periodo de los próximos cinco años.

Borrell, que inauguró una jornadas sobre "política ambiental, economía y empleo" organizadas por UGT, indicó que, aunque todavía constituyen "un embrión industrial", en España ya existen 300 empresas medioambientales, especializadas en bienes de equipo, vigilancia o control de residuos.Su optimismo sobre el futuro del sector se basa en que, según previsiones comunitarias, esta industria duplicará a finales de los 90 el millón y medio de personas que empleaba en la CE al principio de la década (el 1% del empleo en la comunidad). El ministro aseguró que en estos momentos la industria medioambiental ha superado a la aérea en la generación de puestos de trabajo.

Para Borrell, el futuro campo de actuación de este tipo de industrias está en cubrir "muchas necesidades sociales insatisfechas, en muchos casos porque sería necesaria una intervención pública en defensa del interés general", aludiendo explícitamente a una actuación fiscal. "No sería descartable una fiscalidad verde", manifestó. El sistema impositivo, que hasta ahora se centra en la reasignación equitativa de los recursos económicos "va en contra del medio ambiente", reflexionó el ministro. "No hemos valorado suficientemente nuestro entorno y la forma en que hemos actuado en él", agregó.

En contrapartida, la cada vez más exigente política medioambiental comunitaria "va a producir una pérdida de empleo en las industrias contaminantes", dijo el titular de Obras Públicas, quien reconoció las dificultades que entraña su aplicación. "El Ministerio quiere actuar, por ejemplo, en la legislación de la calidad de las aguas, pero con una aplicación taxativa generaríamos consecuencias gravísimas en los niveles de empleo", explicó.

José Borrel acudirá la próxima semana a Bruselas para discutir con sus colegas comunitarios sobre las emisiones de Co2. Y acudirá con el escepticismo expresado ayer de que importa poco que Europa, que genera sólo el 16% de la emisión mundial, las reduzca "si desde el punto de vista de equilibrio biofísico puede inducir a que otros países en expansión aumenten las suyas".

Su propuesta, que ya ha empezado a ponerse en práctica en Estados Unidos, es que si existe un cupo de CO2 que la humanidad se pueda permitir, se repartan en cupos los derechos de contaminación entre todos los productores. De esta forma las empresas menos contaminantes pueden vender sus derechos a contaminar a otras menos limpias. Extrapolado a nivel internacional, el sistema de cupos permitiría ingresos a países no desarrollados.