El PSOE elude responder a las imputaciones del 'caso Filesa' e insiste en que no puede defenderse

La dirección del PSOE eludió ayer salir al paso de las graves irregularidades detectadas por los peritos en las empresas Filesa y Time Export, entre las que destaca el pago de facturas emitidas contra el partido. Ambas sociedades, supuestamente utilizadas para la financiación del partido, cometieron anomalías contables y fiscales después de que los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep Maria Sala compraran Time Export en 1987. La ejecutiva socialista se limitó ayer a emitir un breve comunicado en el que señala que el PSOE considera vulnerado su derecho a la defensa, que no puede imputarse ningún delito a Navarro y Sala y que los socialistas votarán a favor del suplicatorio contra ambos si lo tramita el juez Marino Barbero.

La nota de la dirección socialistas consta de tres puntos. En el primero se indica que el PSOE no tiene acceso directo a la documentación sobre la que se está actuando y, por tanto, "considera vulnerado su legítimo derecho de defensa". En el segundo punto, el PSOE señala que, de la lectura del informe de los peritos, "dificilmente puede imputarse n Derecho ninguna actividad ilícita" ni a Navarro ni a Sala.El tercer y último punto, a ejecutiva reitera "su manifiesta y rotunda voluntad de colaborar tan activamente como le sea posible con la justicia, al ser el primer interesado en que, de una vez por todas, se clarifique la causa instruida, cuya trascendencia ante la opinión pública, viene perjudicando a este partido desde hace dos años". El PSOE anuncia, además, "su disposición a conceder los suplicatorios en el caso de que se soliciten".

Dirigentes regionales del PSOE echaron ayer en falta una estrategia política para paliar en lo posible el impacto del citado informe. El desánimo era patente entre diputados y senadores socialistas, con quienes se reunieron el presidente del grupo parlamentario, Eduardo Martín Toval, y el ministro del Interior, José Luis Corcuera.

Primero Martín Toval y después del ministro dijeron a los parlamentarios socialistas que no tienen motivos para estar "arrugados" porque pueden defender con orgullo la década de Gobierno socialista.

A lo largo de la jornada, ministros y dirigentes del PSOE fueron objeto de constantes preguntas de los periodistas. Como denominador común, se escudaron en que el informe pericial "no es una sentencia", pero que, si se descubren, deben depurarse responsabilidades.

José Luis Corcuera, ministro del Interior: "Los socialistas siguen viviendo en la inmensa mayoría de los casos de su trabajo. Si hay algún comportamiento incorrecto, se debe depurar".

Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores: "Cuando el juez se defina, será el momento de hacer comentarios".

Julián García Vargas, ministro de Defensa: "La hipocresía que algunos demuestran rasgándose las vestiduras con los problemas del PSOE me parece bastante improcedente".

Eduardo Martín Toval, presidente del Grupo Socialista en el Congreso: "Este país irá mal si un informe de peritos lo convertimos ya en una sentencia del Tribunal Constitucional".

José Bono, presidente de Castilla-La Mancha: "Hay responsabilidades políticas en el caso Filesa. Pero tengo el convencimiento profundo, la certeza moral, de que Felipe González jamás ha autorizado ninguna trapisonda. Si hay una demostración de hechos ilícitos, la solidaridad en el partido tiene que estar en el límite de la licitud".

Joan Lerma, presidende valenciano: En el informe pericial "hay suposiciones excesivas".

Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid: "El PSOE, como entidad o asociación, no puede delinquir. Los delitos tendrán que ser individualizados. Eso no quiere decir que no le afecte al PSOE; uno no puede escurrir el bulto".

Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona: "Existen temas mucho más escandalosos que el caso Filesa, como el caso KIO, y nadie dice ni pregunta nada".

José Barrionuevo, ex ministro: "Confío en que en las próximas horas o días las personas directamente afectadas y también la dirección del PSOE, que aparece mencionado [en el caso Filesa] den cumplida respuesta".

Francisco Vázquez, alcalde de La Coruña: "Hay una excesiva carga de politización en cuestiones que no tienen nada que ver con la política y que se utilizan como arma política".