El empleo y el paro: las cosas claras

El autor critica la utilización dramática de las cifras del paro como arma arrojadiza y, para combatir el desempleo, propone instrumentar políticas que habrán de ser necesariamente activas, dentro de la reforma estructural que demandan los mercados de trabajo y en línea con las propuestas de la OCDE.

El propósito de estas líneas es contribuir a arrojar algo de luz sobre la profusión de opiniones, más o menos malintencionadas, vertidas sobre la evolución del mercado de trabajo. En estos momentos, en las referencias de algunos líderes políticos a esta trascendental materia, lo que parece primar sobre la veracidad, e incluso sobre la más mínima sensatez, es la utilización dramática de las cifras del paro como arma arrojadiza.Para aproximarse a lo que ha sido la evolución reciente del mercado de trabajo en España es preciso partir de la base de que: el volumen actual del desempleo constituye un problema real, sin duda percibido por la sociedad como el más importante. Y esta premisa no es baladí, porque los discursos, propuestas y posibles soluciones que se enuncian en este ámbito para abordar las situaciones de desempleo que sufren las economías occidentales rezuman, a veces, un tufillo tecnocrático que pretende esconder su alejamiento del problema real.

Si centramos la atención en. el mercado de trabajo español, sobre la base de que nuestra economía forma parte más que nunca de la economía internacional, hay que comenzar por intentar aclarar de dónde venimos y cuál ha sido la evolución en los últimos años de las principales magnitudes que definen el mercado laboral.

En primer lugar, frente a las afirmaciones apresuradas que de forma maniquea tratan de contraponer el aumento del paro a la promesa del primer Gobierno socialista de crear 800.000 puestos de trabajo, es preciso recordar que la población ocupada en 1992 supera en 1.250.000 personas (1) a la cifra existente en 1982. Se ha creado empleo, y mucho, pero no suficiente. Este volumen de empleo generado, que como se ve supera ampliamente a los 800.000 famosos puestos de trabajo prometidos, tiene que ser entendido en el contexto de los avatares económicos de la última década.

En los primeros años ochenta, la economía española estaba sometida a los efectos de una crisis que la debilidad de los Gobiernos de UCD no fue capaz de afrontar. Entre 1975 y 1985 se perdieron más de dos millones de empleos, mientras que las economías europeas ponían en marcha medidas de lucha contra el paro y de creación de empleo.

En España fue preciso todo un proceso de ajuste y reconversión industrial que, aunque tuvo algunos efectos negativos inmediatos, puso las bases para aprovechar la posterior reactivación.

En segundo lugar, en el periodo que va de 1985 a 1991 la economía española atravesó por un auge que se refleja en unas elevadas tasas de crecimiento y que, en el terreno del empleo, se tradujo en la creación de casi dos millones de puestos de trabajo; tantos como los que se destruyeron entre 1975 y 1985. Sin embargo, el agotamiento del ciclo ya ofrecía sus primeros síntomas a partir de finales de 1990. Un dato fundamental: en este periodo, en el que si descontamos la población agraria el empleo generado se eleva a casi 2.600.000 puestos de trabajo, se registra una disminución del paro en casi medio millón de personas.

Exportadores de paro

Como es conocido, la economía española tiene una tradicional falta de capacidad para generar suficiente empleo capaz de absorber a toda la población que quiere trabajar. Sin embargo, en el periodo 1985-1991 esto no fue así y el paro disminuyó en la cifra mencionada. No se puede olvidar que, mientras en etapas anteriores España fue un país exportador de paro, vía movimientos migratorios, en la actualidad se comporta como importador de empleo: más de 500.000 trabajadores extranjeros en situación legal trabajan en España.

La explicación del aumento del número de desempleados en los últimos 10 años, 670.000, viene dada por el fuerte incremento de la población activa en el periodo: más de 1.900.000 personas se incorporaron al mercado de trabajo, de ellas 1.600.000 mujeres, lo que ha situado la tasa de actividad femenina en su máximo histórico, 34%, siete puntos más alta que en 1982, aunque todavía muy alejada de las cotas habituales en los países de la CE.

Por último, en el año 1992 se ha agudizado la crisis y la caída de las tasas de crecimiento del PIB tiene su reflejo en un retroceso del empleo, que llega a su máxima expresión en el cuarto trimestre del año. El aumento del paro en 1992 llega a superar los ritmos de crecimiento del desempleo de los primeros años ochenta. El hecho de que la reducción del empleo en el último año se produzca principalmente entre los ocupados con contrato por tiempo indefinido vendría a poner en evidencia la denostada rigidez del mercado de trabajo español, ya que cabría explicar el rápido aumento del paro en términos de un rápido ajuste de las empresas a la coyuntura actual. En todo caso, si la contratación temporal ya no cumple el papel que venía desempeñando como factor de ajuste de plantillas, estaríamos llegando a la ocasión de plantear, lógicamente, que las políticas de empleo que demostraron su eficacia en los momentos de fuerte crecimiento económico no pueden ser las mismas en la actual coyuntura.

Para afrontar la nueva etapa es preciso instrumentar políticas que habrán de ser necesariamente activas, dentro de la reforma estructural que demandan los mercados de trabajo, y en línea con las propuestas de la OCDE. "Movilizar los recursos humanos reduciendo la desigualdad en el acceso al empleo y a la formación, y reintegrando a los parados de larga duración y a los grupos más débiles en el mercado de trabajo; desarrollar unos mercados de trabajo más eficientes fomentando en los trabajadores y en los empresarios un espíritu de búsqueda activa, y mejorar la calidad de la mano de obra desarrollando cualificaciones adaptadas al empleo" (2).

Esta declaración, que en algunos pasajes podría pecar de voluntarista, deberá, no obstante, impregnar los objetivos de las actuaciones, anunciadas últimamente en el campo de la formación profesional, con la programación conjunta de la formación reglada y la ocupacional, fruto de un acuerdo tripartito que debería servir de guía para otros acercamientos en ámbitos más generales. La formación profesional puede constituirse en el campo de batalla donde se va a decidir el futuro del empleo en España y las posibilidades de que la economía española sea capaz de competir en los mercados internacionales.

Iniciativas como el Plan Director de Infraestructuras, más allá de la sorpresa causada en medios de la oposición, que no ha sabido articular una respuesta coherente, deberían servir para aglutinar esfuerzos en torno a unas acciones de cuyos efectos, entre los que el empleo no sería el menor, los únicos beneficiarios serán el país y sus ciudadanos.

es economista.

1. Todas las cifras citadas están elaboradas sobre medias anuales en la Encuesta de Población Activa. 2. OCDE: Perspectivas del empleo 1992. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid, 1992.