El Gobierno inyectará 300.000 millones en obras públicas para activar la economía
Las obras públicas serán la columna vertebral del plan de reactivación económica aprobado ayer por el Gobierno. El Consejo de Ministros acordó un plan de inversiones públicas de 300.000 millones de pesetas entre 1993 y 1994. Las otras dos patas del plan son un paquete de ayudas a las pequeñas y medianas empresas y un conjunto de reformas laborales, entre las que destacan la ampliación de la contratación temporal de tres a cuatro años y la subvención de 250.000 pesetas a la creación de contratos fijos.
El plan de obras públicas se basa en proyectos ya elaborados -como el trazado de determinadas autovías-, cuya ejecución se acelerará al contar con más fondos disponibles. Autovías y obras hidráulicas para corregir problemas de medio ambiente serán las inversiones prioritarias. La financiación procederá principalmente de las ayudas comunitarias, especialmente del nuevo fondo de cohesión, del que en el presupuesto sólo se habían previsto 30.000 millones.El plan de reactivación se enmarca dentro de la iniciativa de crecimiento acordada en la cumbre de Edimburgo, en la que se decidió apoyar a las pequeñas y medianas empresas para impulsar la economía comunitaria. El plan español prevé una línea especial de crédito de 160.000 millones para nuevos proyectos de inversión desarrollados por estas empresas.
En materia laboral, además de la ampliación en un año de los contratos temporales, que Podría afectar a unos 300.000 trabajadores, se acordó también la autorización de empresas de contratación temporal para fomentar el empleo.
El paquete de medidas aprobado será publicado antes del debate parlamentario del próximo martes, anunció ayer la ministra portavoz, que subrayó que este plan es "totalmente compatible con los objetivos de convergencia fijados por España".
La ministra hizo un llamamiento a los empresarios y a los sindicatos, a los que considera igualmente responsables de restaurar la creación de empleo. Rosa Conde abogó por que se pacten unos acuerdos salariales coherentes con la situación actual de la economía y la elevada tasa de paro. "El Gobierno asume plenamente su responsabilidad con estas medidas, pero los agentes sociales no pueden evadirse de las suyas". Sin embargo los partidos políticos y los sindicatos coincidieron en calificar de "decepcionante" el paquete de medidas del Ejecutivo. El Consejo declaró ayer al municipio de Cartagena zona especial, lo que supone que las inversiones serán subvencionadas hasta un máximo del 75%; aprobó la privatización del 13,33% de Repsol, y autorizó obras en la línea ferroviaria Valencia-Barcelona para aumentar a 220 kilómetros la velocidad de los trenes.
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