Todos los teatros de Madrid están fuera de la ley

Una larga lista de leyes, ordenanzas y reglamentos -recogidos en más de 20 volúmenes- son de obligado cumplimiento para los teatros de Madrid. Todos les son de aplicación, y todos hacen referencia a seguridad e higiene. Pero alguna de estas ordenanzas no puede cumplirse por muy buena voluntad que muestren los empresarios. Por ejemplo, la que obliga a que un teatro tenga un número de plazas de garaje -a veces el 27% del aforo- a pocos metros del local. También es de imposible cumplimiento el punto 2.5 del artículo 40 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, en distritos protegidos, por el que se considera que a partir de las diez de la noche no puede funcionar un teatro, ya que la salida del público después de esa hora modifica las condiciones ambientales de la zona.De esta dispersa legislación cabría destacar el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 1982, que deja sin derogar varios aspectos del Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos de 1935; la Norma Básica de la Edificación de 1979 y 1982; la ordenanza Primera Prevención de Incendios de 1976 y 1982; el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985; la Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias y Control Urbanístico; Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961; Declaración de Zonas Ambientalmente protegidas en el Distrito de Centro de 1988; Norma Básica sobre las Condiciones Acústicas de los Edificios... Y éstas no son todas.

Intervencionismo

Para Miguel Ángel Rubio, ingeniero y director de un gabinete técnico de ingeniería urbanística y gestión que tiene a su cargo algunos teatros, el problema real es que los técnicos del Ayuntamiento están bloqueando todas las licencias: "Lo lógico, y así es como funciona en toda Europa, es que se dé la licencia de apertura cuando se termina el proyecto propuesto por los técnicos, a los que acude el empresario que quiere abrir el local. Así serían los expertos quienes se responsabilizasen; el Ayuntamiento sólo tendría que revisar si efectivamente se ha realizado todo según las normas y entonces facilitar la licencia de funcionamiento". A lo que añade: "Hay un intervencionismo desmesurado del Ayuntamiento, y él es el único responsable de esta situación".

El propio Ángel Matanzo, concejal del distrito Centro, comentó a este diario hace unas semanas que había 64.000 licencias tramitadas -no aclaró si en su distrito o en todo Madrid-, pendientes de recibir la licencia con carácter definitivo. Esta calificación se pierde si el local sufre cualquier pequeña reforma, aunque sea cambiar el equipo de sonido o la cafetera del ambigú.

El proceso para abrir un teatro nuevo, o cualquier otro local, se inicia solicitando una licencia de obras. El empresario, por tanto, recurre a un profesional (aparejador, arquitecto, ingeniero ...) para que lleve a cabo todas las reformas ateniéndose a la legalidad. "Lo que no tiene sentido", comenta Rubio, "es que el interesado en montar un local tenga que recurrir a un arquitecto, un ingeniero, un técnico de sonido, de electricidad.... y todos le repitan el mismo proyecto, por el que tiene que pagar varias veces, a pesar de lo cual está en una absoluta indefensión ante la ley, cuando en realidad sólo tendría que recurrir a un equipo técnico que le resolviera todo". Rubio define la situación afirmando: "Esto es un desmadre, y al cliente se le está engañando; este abuso de intervencionismo genera cosas malas de las que alguien se puede aprovechar".

Para Enrique Beamud, abogado perteneciente al equipo técnico-legal que asesora al Alfil, teatro amenazado de cierre, la solución estaría en que todas las partes debatiesen: "Como consecuencia de la particular interpretación, llevada a cabo por algunas instancias municipales, de la Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias y Control Urbanístico, así como de la legislación concordante, la dirección del Alfil y nosotros estimamos conveniente la celebración de un encuentro entre las distintas instancias con el fin de aunar criterios para lograr una adecuada aplicación de la normativa".

Paralizadas

Tanto Rubio como Beamud no entienden que, estando tantas cosas pendientes por hacer en, Madrid -que el Ayuntamiento no lleva a cabo por falta de presupuesto-, permanezcan paralizadas miles de licencias, cuando los informes técnicos con los que cuenta el dueño del local, avalados por los respectivos colegios profesionales, se responsabilizan de lo que allí se ha hecho. Ahora, a partir de 1992, hay que pagar por adelantado las tasas al solicitar la licencia de apertura. Y si al final se obtiene, se produce la liquidación final, en la que se tiene que volver a pagar. Ellos creen que aún es más importante conceder las miles de licencias anteriores a 1992 -cuya actualización supondría cuantiosos ingresos para el Ayuntamiento-, ya que ni tan siquiera éstas pagaron ninguna cantidad como autoliquidación al ser solicitadas.

Beamud y Rubio llegan a afirmar que, sólo con hacer cumplir la normativa, el Ayuntamiento puede cerrar el 90% de los locales de Madrid, desde los más humildes hasta los más poderosos. "El Ayuntamiento deja el camino abierto para que exista todo tipo de arbitrariedades, siempre en perjuicio del administrado", comentan los dos.

Desde el pasado 14 de enero, este diario ha intentado en varias ocasiones ponerse al habla con Jesús de Benito, jefe del departamento de Prevención y Protección Civil, área que tiene que emitir los informes favorables para que las concejalías de distrito puedan conceder las licencias de apertura y de funcionamiento. Todo ha sido inútil, hasta el punto de que ayer, cuando se solicitó a otra persona del departamento que le comunicara la necesidad de hablar con él, ésta respondió que no tenía su teléfono particular. Anoche si atendió la llamada Carlos López Collado, concejal de Seguridad, quien confirmó a rasgos generales esta información, si bien prefirió esperar a conocerla en detalle para aportar precisiones..