Agricultores en pie de guerra

Miles de agricultores y ganaderos inician esta semana movilizaciones en toda España como medida de protesta por la falta de soluciones a los problemas de un sector agrario, según los sindicatos, en proceso de reconversión. Un año más, el campo llevará a la calle su malestar en una tabla donde, junto a viejas reivindicaciones como una menor fiscalidad y la mejora en la Seguridad Social Agraria que reclaman desde 1976, dominan las derivadas fundamentalmente de las repercusiones por la aplicación en España de la Política Agrícola Común (PAC).

El principal debate entre las organizaciones agrarias y la Administración radica en la cuantía de los recursos necesarios para acometer ese cambio para lograr un campo más competitivo y garantizar su futuro. Mientras Agricultura estima que son suficientes las partidas presupuestarlas, los agricultores las consideran raquíticas para llevar a cabo un proceso de reconversión en un sector que en mano de obra ha perdido en los últimos diez años 800.000 personas. Para las organizaciones agrarias, algunos problemas tienen su origen en Bruselas, pero la responsabilidad, alegan, también es del Gobierno español, al no haber respondido con los niveles máximos de ayudas que permite la Comunidad Europea (CE)."Ahora sí que es de verdad, el problema va en serio" señala Jesús Muñoz, pequeño agricultor de Ávila y responsable de Jóvenes Agricultores en su provincia. "Los agricultores hemos tenido fama de llorones y quizá en alguna ocasión se agrandaron los problemas. Pero, en este momento, esto está muy mal. Dan ganas de abandonar..."

Tanto los informes del Ministerio de Agricultura como de las organizaciones agrarias, aunque difieren en sus valoraciones y gravedad, coinciden en que los problemas actuales en el sector agrario se podrían dividir en dos grandes bloques: los coyunturales y los derivados de sus estructuras y la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC). Éstos son sus puntos de reflexión:

Sequía: El problema coyuntural más importante es la sequía del último año. Según las organizaciones agrarias, las pérdidas de la campaña anterior superan los 300.000 millones de pesetas, frente a una evaluación del Ministerio de Agricultura de 117.000 millones. Los sindicatos reclamaron en su momento mayores subvenciones directas, pero Agricultura optó por los créditos subvencionados, de escasa acogida. Este deterioro de la situación en 1992 se refleja en la caída de las rentas en un 7,8%, según datos de la Comunidad Europea, a pesar de haberse reducido en un 6% la población activa en el mismo periodo.

PAC: Al margen de la sequía, los principales problemas de fondo en el sector agrario son de carácter estructural, agravados por las exigencias que plantean tanto la reforma de la Política Agrícola común como el preacuerdo alanzado entre Estados Unidos y a CE en el seno del GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). La Administración y los sindicatos coinciden en estacar las dificultades del campo español para acometer nuevos retos ante la existencia de unas estructuras más débiles que las del resto de la CE y con mejores rendimientos, pero difieren en las medidas de apoyo y su cuantía. El ministro Pedro Solbes aseguró en su día que la nueva PAC despejaba interrogantes y aseguraba los ingresos en la agricultura, pero a la vez reconocía que su aplicación en España acarrearía problemas.

Acuerdo Marco: Agricultura y los sindicatos firmaron hace menos de un año un Acuerdo Marco de modernización. En él se incluye un amplio cuadro de medidas para rebajar costes de producción, mejorar las explotaciones y desarrollar el medio rural. Junto a estas iniciativas, la Administración trabajó también en medidas como jubilaciones anticipadas y reforestación. Los sindicatos denuncian el escaso desarrollo de los compromisos y, sobre todo, la falta de financiación.

Financiación: El Gobierno rebajó el IVA al 6% para una serie de medios de producción, como semillas y abonos, y modificó el pago del gasóleo. El sector reclama más apoyos y una Ley de Financiación para un campo con un endeudamiento ya cercano a los dos billones de pesetas.

Jubilación: El Ministerio de Agricultura ha presentado un programa de jubilaciones anticipadas en cinco anos que afecta a casi 27.000 agricultores. El sector se queja de que no se han fijado los máximos niveles posibles de ayudas, a la vez que se limita la medida a explotaciones con una producción bruta de unas 800.000 pesetas, lo que puede suponer dejar fuera a miles de pequeñas explotaciones. Los sindicatos argumentan que la política de jubilaciones está en vigor desde 1990 y que solamente se han podido acoger a ella unas 1.500 personas.

Reforestación: Agricultura aboga por una fuerte política de reforestación para más de 400.000 hectáreas en cinco años y la mejora de otras 200.000. Los sindicatos demandan compensaciones superiores. Para estos dos fines, jubilación y reforestación, el presupuesto de este año es de 10.000 millones de pesetas, cifra que el sector considera "ridícula".

Ley de Modernización: La Administración ha anunciado una nueva disposición que los sindicatos apoyan, aunque lamentan que se haya endurecido la normativa para la mejora de explotaciones. El sector solicita más ayudas y unos tipos de interés entre el 5% y el 8%.

Junto a estas demandas y preocupaciones, los campesinos temen que una mayor liberalización de los mercados genere precios todavía más a la baja en el sector, y dudan en realizar inversiones ante los cambios constantes de la Política Agrícola Común y las inciertas negociaciones del GATT.