Diagnóstico del paro

ESPAÑA ES el país con mayor tasa de paro de la Comunidad Europea (CE), sin que se aprecien indicios de que la tendencia pueda modificarse en el próximo periodo. Es cierto que el desempleo está aumentando en todos los países de la CE -la media se sitúa ya en torno al 10%-, pero el crecimiento es más rápido en España: tras alcanzar un mínimo del 14,04% en agosto pasado, la tasa registrada por el Inem es ya del 15,9%, y no será inferior al 18% a finales de año, según las propias previsiones oficiales. Teniendo en cuenta que el Inem suele registrar un porcentaje inferior en unos dos puntos al recogido por la Encuesta de Población Activa (EPA), más fiable en cuanto que considera el paro desanimado, lo más probable es que a fines de 1993 el número de parados ronde los tres millones, el 20% de la población activa.Los sindicatos consideran, con razón, que ése es el principal problema nacional, subrayando el efecto de desvertebración social que produce. Llama la atención, sin embargo, que sus reacciones frente a la noticia de que el paro aumenta a razón de 2.000 desempleados al día apenas se diferencien de las que hacían públicas cuando el empleo crecía a un ritmo de 1.000 al día: a saber, que era imprescindible que el Gobierno modificara su política económica. Y aunque la patronal dice compartir esa preocupación, las diferentes percepciones de sus causas han impedido hasta el momento concertar acuerdos que permitan impulsar políticas, activas de creación de empleo. Las políticas de protección social de los parados y de subvenciones a las empresas en dificultades han sido, por lo general, las únicas respuestas ensayadas, pese a que todo el mundo considera que podrían hacerse más cosas. Pero si el problema es en parte de diagnóstico" ahí está el Consejo Económico y Social (CES), un organismo en busca de objetivos concretos, para intentar un acercamiento en ese terreno.El Gobierno, y los documentos de la oposición de derechas -no tanto sus declaraciones públicas, en las que sus portavoces suelen limitarse a decir que están "contra el despido libre"- se muestran de acuerdo con los empresarios en considerar que la creación de empleo se vería estimulada por una mayor flexibilidad del mercado de trabajo: desregulación de los despidos colectivos, derogación de las ordenanzas laborales, facilidad para, la movilidad funcional y geográfica, racionalización de las modalidades de contratación. El argumento es que empresarios que podrían ampliar sus negocios o crear otros nuevos, y en particular eventuales inversionistas extranjeros, renuncian a hacerlo por la rigidez de una normativa que, llegado el caso, les impediría adaptar sus plantillas a la evolución del mercado.

Desde los sindicatos se responde afirmando que el mercado ya se ha flexibilizado por la vía de la sustitución de empleados fijos por temporales, los cuales suponen ya el 34% del total y perciben salarios un tercio inferiores a los de aquéllos. También, que el empleo es una función directa del crecimiento económico, sin que medidas como las propuestas puedan modificar la tendencia del ciclo y sí, en cambio, favorecer actitudes irresponsables por parte de los patrones, que se limitarían a esperar tiempos mejores despidiendo al excedente laboral en los momentos de crisis.

Aunque tal riesgo existe, el punto débil de esa argumentación es que, en economías tan internacionalizadas como la española, ese crecimiento económico del que depende el empleo es, a su vez, función de la competitividad. Y la mejora de ésta sí tiene que ver con las condiciones del mercado laboral de cada país: con la moderación salarial -desde 1986, los salarios han crecido en España más que la productividad, reduciendo así su inicial ventaja comparativa-, pero también con los demás costes asociados a la falta de adaptabilidad de las plantillas a la coyuntura.

Y ahí sí que hay una desventaja en relación a Europa (y de Europa en relación a Estados Unidos). Y si es verdad que no hay garantías de que la reforma del marco sea condición suficiente para crear empleo, sí parece ser un condicionante para cualquier política activa de creación de empleo. Motivo suficiente para intentar un acuerdo de los interlocutores sociales en el marco idóneo del CES.