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Los juristas destacan la disminución de la conflictividad autonómica

La notable disminución de la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas y la normalidad en medio de la cual se ha llevado a cabo la reforma de varios estatutos de autonomía son dos de las notas más destacadas en el tercer y último informe anual de la Fundación Pi i Sunyer sobre comunidades autónomas, realizado por un grupo de juristas coordinados por el catedrático Eliseo Aja.El estudio, elaborado a partir de datos de 199 1, subraya el descenso del número de conflictos competenciales presentados ante el Tribunal Constitucional (86 en 1988, 60 en 1989, 30 en 1990 y 11 en 1991), y atribuye esta circunstancia a diversos motivos:

1.- La abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite vislumbrar la solución de situaciones que años atrás desembocaban en conflicto, además de que el retraso de dicho tribunal desincentiva la presentación de nuevos recursos.

2.- La mejoría de las relaciones entre los máximos responsables jurídicos del Estado y de las comunidades autónomas.

3.- La actitud particular de las tres comunidades tradicionalmente más conflictivas. "En la actualidad", precisa el informe, "Galicia evita plantear conflictos, posiblemente por la idiosincrasia de su presidente [Manuel Fraga]; el País Vasco también, aunque seguramente por la escasa confianza que tiene en las decisiones del Tribunal Constitucional, y en Cataluña influyen mucho las buenas relaciones de Minoría Catalana en el Congreso con el Gobierno, que viene aceptando enmiendas importantes en las leyes más delicadas".

La cultura del pacto

Los autores del informe destacan el nacimiento de "cierta cultura política del pacto" entre las Administraciones central y autonómicas. Y apuntan que el Estado autonómico requiere "una inclinacion natural a la consulta y la negociación casi sistemática con las autonomías cuando las resoluciones estatales afectan sensiblemente las competencias auto nómicas, aunque estrictamente la decisión corresponda al Gobierno central".El documento aprecia la normalidad en medio de la cual se reformaron en 1991 siete estatutos de otras tantas comunidades para unificar sus respectivos calendarios electorales. A juicio de los autores, la ausencia de problemas en aquella reforma estatutaria así como en la que se efectuará en los próximos meses en 10 comunidades para adecuar sus estatutos a la ampliación de competencias derivada del pacto autonómico PSOE-PP, demuestra la consolidación del Estado democrático de las autonomías.

El informe señala que Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía también se beneficiarán de la ampliación de competencias de las comunidades de vía lenta, pues a partir de la igualación competencial las Cortes legislarán más normas de carácter básico que dejarán un mayor margen de actuación a los parlamentos autonómicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de febrero de 1993