Bélgica debate su conversión en Estado federal

El Parlamento belga empezó a discutir el jueves la reforma de 33 artículos de la Constitución que significa el paso del actual sistema semiunitario o semifederal a un Estado plenamente federal. El Gobierno de coalición del socialcristiano flamenco Jean-Luc Dehaene se sostiene gracias a una mayoría de 120 escaños sobre un total de 212 en la Cámara de los Diputados, pero para sacar adelante la reforma necesita dos tercios de los votos, es decir 144.Dehaene cuenta con el consenso de siete grupos políticos, pero la movilidad del sistema de partidos belga le ha obligado a realizar auténticas filigranas para intentar preservar la mayoría necesaria para la reforma.

Simultáneamente, una iniciativa de intelectuales francófonos complicaba las cosas con la recogida de firmas para la celebración de un referéndum, que ha sido descalificado por aventurerismo desde las filas gubernamentales. La oposición más virulenta contra los acuerdos corre a cargo del Vlams Blok, el partido de extrema derecha flamenco, xenófobo y separatista, que cuenta con 12 diputados.

El primer artículo de la Constitución incluirá el reconocimiento del carácter federal del Estado. Las regiones reciben mayores competencias en comercio exterior, agricultura y política científica. Se reforma también el sistema parlamentario, sustrayendo poderes al Senado. Sólo la deuda pública y la Seguridad Social no quedan regionalizadas a partir de esta reforma y subsisten como nexo de unión de todos los ciudadanos belgas, además, naturalmente, del monarca, reconocido constitucionalmente como "Rey de los belgas" y no "de Bélgica".

La reforma de la Constitución es "el último bastión frente al separatismo", según una parte de sus abogados, principalmente en las filas del socialismo, pero para otros es "un paso más hacia la desaparición de Bélgica".

Inspirándose en el ejemplo de la República Federal de Alemania, la reforma constitucionaliza la "lealtad federal", que obliga a las instituciones del Estado, las regiones y las comunidades a actuar de buena fe para evitar conflictos de intereses entre los organismos públicos belgas.