El Supremo ordena al juez Barbero paralizar la investigación de Filesa
La Sala Segunda del Supremo ordenó ayer al juez Marino Barbero, instructor del caso Filesa, que paralice la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PSOE y que presente en un plazo "lo más breve posible" un informe sobre los indicios de delitos presuntamente cometidos por los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep Maria Sala.
El Supremo advierte que no pretende poner "ningún obstáculo, por mínimo que sea, a la investigación" de Filesa, pero que el informe encargado a Barbero sobre los presuntos delitos permitirá solicitar inmediatamente al Congreso el suplicatorio del diputado Navarro y al Senado el correspondiente al senador Sala.El alto tribunal ordena que la investigación de Barbero no continúe "hasta que las cámaras resuelvan [sobre los suplicatorios], actuándose y continuándose, a partir de entonces, de la forma legalmente establecida". Hasta que las cámaras no concedan o rechacen esos suplicatorios, advierte el auto del Supremo, "han de suspenderse las diligencias, excepto las relativas a la detención, prisión o procesamiento" de los implicados.
El auto contó con el apoyo del presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz Vadillo, y del magistrado Luis Román Puerta Luis. El tercer juez de la sala, José Augusto de Vega -considerado próximo al partido socialista-, presentó un voto particular, en el que afirma que "el PSOE es el gran afectado en un proceso en el que no le está permitido ejercitar ningún derecho de defensa", y se refiere a eventuales medidas de vigilancia para "corregir, si preciso fuere, los excesos jurídicos del instructor".
El borrador del auto emitido ayer por el Supremo fijaba inicialmente un plazo perentorio de 10 días para que Barbero enviara su dictamen sobre los indicios de criminalidad en las conductas de los dos parlamentarios implicados. Posteriormente, el texto fue suavizado y el plazo fue sustituido por la expresión "en un término lo más breve posible".
El Supremo se pronunció también sobre la nulidad de pruebas que habían solicitado varias de las defensas. Aduciendo que el tribunal carece de un conocimiento profundo del caso, en el auto se considera que "no es procedente pronunciarse", por el momento, sobre la nulidad de las pruebas obtenidas por el juez Barbero. A esta decisión también se opuso el magistrado De Vega, quien estimó que la sala debería haberse pronunciado sobre el particular.
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