Los jueces italianos rechazan la acusación de desestabilización lanzada por Craxi
La Asociación Nacional de Magistrados italiana rechazó ayer de plano las acusaciones de desestabilización que el secretario general del Partido Socialista Italiano (PSI), Bettino Craxi, le dirigió el viernes tras un intento de registro de su despacho en la sede central del partido, que fue impedido por la dirección socialista. No obstante, Craxi reiteró esas denuncias durante una jornada en la que se practicaron nuevas detenciones al amparo de las 14 órdenes de búsqueda y captura emitidas la víspera.Entre los detenidos ayer se encontraban Giorgio Casadei, secretario del ex ministro de Exteriores Gianni de Michelis -vicesecretario craxiano del PSI-, y Lorenzo Pensavolto, ejecutivo del grupo Ferruzzi. Giuseppe Garofano, ex presidente y hoy asesor de Montedison, el sector químico del citado grupo -el más importante de Italia tras la Fiat-, seguía, por su parte, ilocalizable para la justicia.
"Se respira una atmósfera que no es de renovación, sino otra mucho más turbia de destrucción de la democracia italiana", insistió ayer Craxi al término de una reunión extraordinaria de la secretaría del PSI, en la que fue nombrado secretario administrativo Gabriele Piermartini. Éste sustituye a Vincenzo Balzamo, fallecido hace un mes de un infarto, quien, según Craxi, sería el único responsable de los presuntos delitos financieros y de corrupción política que investiga la magistratura milanesa.
El secretario del PSI hizo también un llamamiento para que "los demócratas" se movilicen en defensa del sistema. Pero esta campaña de Craxi -a quien el viernes le fue abierto un tercer sumario al mismo tiempo que le era comunicado otro en Milán a De Michelis, ya procesado en Venecia- no encontró apenas adhesiones en el Parlamento y prensa italianos.
Salvo los diarios de la órbita socialista, los periódicos de difusión nacional afirmaban ayer que Craxi confunde su propio declive con el de la democracia, y reprochan al secretario socialista que no se haya apresurado a dimitir para ahorrar al país nuevos problemas y facilitar la regeneración democrática.
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