FESA-Enfersa confirma el cierre de cinco fábricas
La dirección de la empresa de fertilizantes FESA-Enfersa, integrada en 91 Grupo Torras y actualmente en suspensión de pagos, mantendrá su plan de reducción de la plantilla en más de 1.800 personas (el 46% del total) con el cierre de cinco plantas (dos en Cartagena, Valladolid, Zaragoza y la sevillana de San Jerónimo), según aseguró ayer a EL PAÍS, Eduardo Ezama, director de recursos humanos de la empresa, actualmente en negociaciones para su venta a la firma estadounidense Freeport.Mientras tanto, tanto en Cartagena como en Huelva y Avilés continuaron ayer las protestas. En la ciudad murciana, los 59 trabajadores que están en huelga de hambre ya han comenzado a notar los síntomas de esta vigilia con pérdida de peso, aumento del pulso, dolores de cabeza y frío. Con esta protesta intentan paralizar el cierre de sus fábricas, con 600 empleados.
La disolución de la sociedad supondría también que unos 6.000 jubilados dejasen de percibir sus complementos de pensión que suponen unos 3.000 millones al año. FESA-Enfersa reconoció ayer que está buscando una solución a este problema.
La Junta de Andalucía, por su parte, se comprometió ayer a apoyar con una "actitud de colaboración económica" una solución a la crisis que atraviesa la empresa de fertilizantes y que pone en peligro a 247 empleos en Andalucía, con reducciones en Huelva y Tablada (Sevilla) y el cierre de la fábrica de San Jerónimo, informa Inmaculada Ruiz. En la mañana de ayer, los sindicatos se encontraron a la hora de suscribir el documento de apoyo con un escrito que no coincidía con los compromisos verbales de Chaves el pasado viernes.
Tras más de seis horas de conversaciones con el consejero de Trabajo, Francisco Oliva, se logró el consenso entre la Administración autonómica y los sindicatos. El documento suscrito, calificado de "endeble" por Antonio Marín, presidente del comité de empresa reconoce la vigencia del Plan Económico y de Empleo acordado en 1990 para el sector de fertilizantes. La Junta se compromete a oponerse a los expedientes de regulación de empleo en caso de que se adopten sin un proceso de negociación.
