El Gobierno británico sigue preparando leyes para proteger la privacidad frente a la prensa
El Gobierno británico anunció ayer la preparación de leyes para la protección de la privacidad de las personas, pero dejó en suspenso sus anteriores planes para crear una normativa y un tribunal especiales para el control de la prensa. Las nuevas leyes penalizarán la intrusión física en propiedades privadas y el uso de instrumentos técnicos de espionaje con el fin de obtener y publicar informaciones concernientes a la intimidad de las personas.El ministro del Patrimonio, Peter Brooke, especificó que la legislación "no se referirá sólo a los periodistas, sino a cualquier persona u organización pública o privada que cometa actos de este tipo".
De acuerdo con el informe preparado por el abogado sir David Calcutt, que el gobierno piensa utilizar como borrador legislativo, constituirá delito entrar sin permiso en una propiedad privada, o colocar en ella micrófonos o cámaras ocultas sin autorización expresa. También lo será captar sin permiso la imagen o la voz de alguien en propiedad privada, para su difusión pública. La futura ley, de aprobarse, penalizará estos delitos con fuertes multas, de cuantía aún no especificada.
Las anteriores acciones se considerarían legítimas, sin embargo, cuando se efectuaran de forma demostrable con los siguientes fines: la exposición pública de un delito o una conducta gravemente antisocial; la demostración de que el sujeto bajo vigilancia hubiera mentido en una declaración pública; la información sobre acciones privadas que pudieran poner en duda la capacidad u honradez de un personaje público, y la protección de: la salud pública.
También serían legítimas cuando existiera autorización de un juez o autoridad competente, lo que en principio afectaría solamente a los cuerpos de seguridad.
El cuerpo central del Informe Calcutt, basado en la redacción de un código de conducta especial para la prensa que un tribunal, también específico, se encargaría de aplicar, fue descartado por el Gobierno. Peter Brooke señaló que la autorregulación de la prensa, implantada hace 18 meses y supervisada por la Comisión de Quejas contra la Prensa (compuesta por directores de medios de comunicación), no había funcionado correctamente. "La aplicación de un estatuto y un tribunal especiales se apartaría de nuestras tradiciones", agregó el ministro, "por lo que, en mi opinión, harían falta nuevos y más pesados argumentos para decidirnos en favor de la vía estatutaria".
El fracaso del período de autorregulación de la prensa, durante el que se han registrado los casos más flagrantes de invasión de la privacidad y de abusos contra las personas, fue admitido ayer ante el Parlamento por el director de uno de los principales periódicos británicos. Andreas Whittam-Smith, director de The Independent, prestó testimonio ante el comité parlamentario que prepara un informe sobre prensa y privacidad (que será unido al Informe Calcutt como borrador legislativo) para afirmar que la prensa había actuado "inapropiada y erróneamente" en numerosas ocasiones recientes.
