La Ley de Huelga

La furibunda descalificación realizada en el editorial del domingo 27 de diciembre pasado contra el acuerdo sindicatos-Grupo Parlamentario Socialista sobre la Ley de Huelga nos ha sorprendido.En primer lugar, por el tono, habitual en declaraciones de portavoces de la CEOE y del PP o en editoriales de diarios conservadores de toda la vida, pero que no es tan corriente en este periódico. En segundo lugar, por el contenido de determinadas afirmaciones que en dicho editorial se realizan y que resultan inexactas y disparatadas.

Así, no parece demasiado riguroso afirmar que Ia regulación de la huelga se hace al margen del Parlamento y negociando con un poder ajeno a éste", cuando se pactó con el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, sobre enmiendas -que se tramitarán reglamentariamente- a un proyecto de ley y en locales del propio Parlamento, que tuvo además la plena aquiescencia pública del ministro de Trabajo. Asimismo, todos los grupos parlamentarios en las entrevistas que mantuvieron con UGT y CC OO alentaron la negociación y se avinieron a realizar sucesivas prorrogas al plazo de enmiendas para facilitaría.

No es la primera vez que se pacta el contenido de una norma con el sector o sectores afectados: hay ejemplos que van desde el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, hasta el acuerdo con los empresarios sobre la congelación durante la legislatura de las cotizaciones sociales, pasando por los acuerdos con los sindicatos sobre la reconversión industrial. Tampoco ha sido infrecuente la defensa que desde este periódico se ha hecho de propuestas como el Pacto Social de Progreso que, de haberse realizado, hubieran sin duda condicionado decisiones parlamentarias importantes. ¿O es que si hubiera participado la CEOE en este pacto la negociación ya hubiera dejado de hacerse "al margen del Parlamento?"

Afirmar, por otra parte, que lo que se ha pactado es aún más maximalista que la autorregulación sindical, cuando hay que regular de una forma pactada los acuerdos estables en cada sector de actividad, y en caso de desacuerdo seguirá siendo el Gobierno quien fije por decreto los servicios mínimos, denota o ignorancia absoluta de lo acordado o pura demagogia.

Se critica la no participación de los empresarios en la negociación dejando de lado el hecho de que -según la propia Constitución- los titulares del derecho de huelga son únicamente los trabajadores.

No se comprende muy bien por qué deberían estar los empresarios en la definición y la reglamentación de un derecho que no es para ellos (aunque sí están en todo lo que hace referencia a la aplicación de ese derecho, incluida la determinación de los trabajadores afectados por el cumplimiento de servicios mínimos), y no las amas de casa, las asociaciones de consumidores o, los colegios de aparejadores. No sé qué dirían los empresarios si se obligara a pactar la ley de sociedades anónimas o el impuesto de sociedades con los sindicatos. 0los directores de periódicos si una hipotética ley de prensa tuviera que contar con los trabajadores como parte en la negociación de la misma.

En fin, en ese editorial se incurre en manifiestas inexactitudes. Algunos ejemplos: dicen que las sanciones "en ningún caso podrán ser de despido". Lean el artículo 24 y podrán comprobar que eso es absolutamente falso.

Se señala también que la nueva regulación pemitirá "que sea el propio sindicato convocante el que se constituya en comité de huelga". Cierto. Pero ocurre que la normativa actualmente vigente también lo permite.

Por último, causa un cierto sonrojo el que ustedes se alarmen de que "no se pueda sustituir a los trabajadores en huelga por otros de la misma empresa", cuando esto es algo que acaba de sancionar el Tribunal Constitucional en sentencia del 28 de septiembre pasado.-

secretario de Comunicación de la Comisión Ejecutiva de UGT.