El juez llama a declarar a los dos últimos jefes del servicio antidroga de la Guardia Civil

Carlos Bueren, titular del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, citará a declarar en las próximas horas, posiblemente hoy, a los coroneles de la Guardia Civil, Arsenio Ayuso y Rafael Garabito, para esclarecer presuntas irregularidades ocurridas durante su mandato al frente del Servicio Fiscal y Antidroga de este cuerpo. Con su comparecencia ante Bueren, sumarán ya 14 los miembros de este servicio, en su mayoría de la UCIFA (Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga), llamados a declarar ante la Audiencia Nacional. Hace unos días, Baltasar Garzón, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ordenó la detención de otros 11 miembros del servicio antidroga de la Guardia Civil, incluidos un teniente coronel y un comandante, y la declaración de otro más.Con las citaciones de los coroneles Ayuso y Garabito la investigación judicial alcanza a los máximos mandos del servicio fiscal y antidroga de la Guardia Civil durante los últimos años. Hasta ahora el máximo jefe involucrado era el teniente coronel Francisco Quintero, encarcelado por orden de Garzón tras admitir el pago con droga a confidentes, seguido por su subordinado, el comandante Ramón Pindado, responsable directo de la UCIFA.

Los dos coroneles no comparecen ante Bueren en calidad de detenidos, sino para prestar su testimonio sobre puntos oscuros de operaciones presuntamente irregulares ocurridas durante su etapa al frente del Servicio Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil. En concreto Bueren investiga dos alijos, uno de 562 kilos de cocaína intervenidos en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en 1988, del que supuestamente desaparecieron 38 kilos, y una entrega controlada ocurrida en Mallorca de unos 10 kilos de cocaína, que se volatilizó.

Ayuso se retiró del servicio fiscal al cumplir la edad reglamentaria y pasó a ser asesor del director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Garabito fue fulminantemente destituido por Roldán tras iniciar Garzón las detenciones de miembros de la UCIFA y destapar el cúmulo de presuntas irregularidades cometidas bajo su mandato.

Fuentes de la investigación apuntan que Ayuso pagó 10 millones de pesetas al confidente que propició el alijo de 562 kilos de Vilanova i la Geltrú. Cinco de los 10 millones lo sufragó el Ministerio del Interior para no esquilmar los fondos reservados de la Guardia Civil, según fuentes conocedoras de esta operación. Aunque eso avalaría el pago en dinero al confidente, quedaría sin esclarecerse la diferencia entre la droga desembarcada y la intervenida. Fuentes del instituto apuntan la posibilidad de que fuera detraída por algún narco. En todo caso Ayuso y Garabito se ven implicados en varias supuestas irregularidades cuyo testimonio presumiblemente contribuirá a esclarecer.

Distinciones

En unas recientes declaraciones, publicadas por este periódico, el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, de Roldán insistía en la necesidad de que se distinga entre aquellos mandos y miembros de la UCIFA que pagaban con droga a confidentes y el caso de los guardias corruptos que vendían estupefacientes para lucro propio. El máximo responsable del instituto armado concluía que una aplicación estricta de la ley llevaría a una condena de más de 70 años para mandos de la UICIFA como el comandante Pindado -al coincidir por tres veces los delitos de tráfico de estupefacientes, falsedad en documento público, prevaricación y delito contra la salud pública-, algo que estimaba desproporcionado. Sin embargo, Roldán destacó la labor judicial: "El juez está haciendo lo que tiene que hacer, ni más ni menos; y nosotros, también".En medios jurídicos se valora como muy importante que Roldán proclame que "el juez está haciendo lo que tiene que hacer", pero se ve difícil un encaje jurídico a sus matizaciones entre quienes se lucraron con la venta de la droga y quienes pagaron con ella a confidentes, por entender que sería retrotraerse a atenuantes basados en conceptos morales o patrióticos.