Democracia austera

EN ESPAÑA, el descrédito de los partidos es actualmente considerable, pero -a diferencia con Italia, por ejemplo- el sistema cuenta todavía con suficiente credibilidad como para ensayar algunas reformas parciales de su funcionamiento. Ese descrédito se debe sobre todo a la evidencia de comportamientos corruptos, muchos de los cuales se relacionan con prácticas irregulares de financiación. Los partidos han tendido a explicar esas prácticas -cobro de comisiones a empresas constructoras, donaciones encubiertas, etcétera- por la insuficiencia de las subvenciones públicas para hacer frente a unos gastos desbordados por el alto coste de las campanas electorales.Es una explicación consoladora para los políticos, pero bastante discutible. Primero, porque el problema no está en las subvenciones, sino en los gastos. Segundo, porque el gasto desbocado no es (o no sólo) el electoral. En España, al igual que en Francia e Italia, la financiación pública de los partidos se realiza por tres vías: compensación por gastos electorales, asignaciones a los grupos parlamentarios y subvenciones directas al funcionamiento de cada formación. Esa triple vía (que el pasado, año supuso un coste presupuestario de 12.500 millones de pesetas en el caso español) no ha impedido que sean justamente esos' tres países los más afectados por fenómenos de corrupción ligados a la búsqueda de fuentes paralelas de financiación. La experiencia demuestra que los incrementos de las subvenciones públicas hacen crecer los gastos más que proporcionalmente, manteniendo Constante el fuerte endeudamiento y estimulando el recurso a esas fuentes paralelas.

Por otra parte, aunque es posible que el agujero principal, con sus servidumbres financieras, se originara en algunas elecciones, es sobre todo el aumento incontrolado del gasto corriente lo que determina ese endeudamiento. Los efectos de la crisis en las economías familiares han aumentado la irritación social contra ciertos gastos muy visibles y dificilmente justificables: multiplicación de las sedes, viajes, automóviles con chófer, restaurantes de lujo. La incapacidad de los organismos fiscalizadores para introducir transparencia en esos gastos aumenta la desconfianza. Pero este clima social puede favorecer una rectificación a favor de un modelo de democracia mucho más austero. De momento, los partidos se han comprometido a reducir los gastos electorales. Fue una iniciativa surgida en el debate sobre el estado de la nación, que desembocó en la constitución de una ponencia parlamentaria.

El resultado de sus trabajos ha sido una propuesta de reducción de la duración de las campañas electorales y de rebaja del tope máximo de gastos autorizados a los partidos durante las mismas. Izquierda Unida (IU) no ha firmado la propuesta por considerar insuficiente esa reducción (que supondría un ahorro aproximado del 20% respecto al sistema actual). El Partido Popular tampoco la ha firmado por su desacuerdo con la distribución concreta del gasto, que establece limitaciones a los fondos destinados a publicidad exterior y a medios privados de comunicación, y por no recoger su petición respecto a la obligatoriedad de celebrar debates entre los principales candidatos en la televisión pública.

Tratándose de una cuestión que afecta a las reglas del juego -a la igualdad de oportunidades-, sería deseable recomponer el consenso en el trámite parlamentario. Ello implica cesiones recíprocas, por lo que no es lógico que IU se oponga a lo bueno en nombre de lo que considera óptimo. La oposición de los conservadores, aunque pueda estar en par te motivada por consideraciones de estrategia partidista -como su retirada de la ponencia de reforma del reglamento del Congreso-, tiene más justificación: no se entiende ese empeño del PSOE y sus aliados por determinar qué . proporción del gasto publicitario haya de dedicarse a la colocación de carteles en vallas, farolas y paredes y cuál a inserciones en los medios privados. Es posible incluso que tal pretensión sea inconstitucional. Además, ese afán intervencionista es incoherente con el argumento en nombre del cual se rechaza la propuesta sobre los debates en televisión: que nadie podrá obligar a un partido a intervenir en un determinado debate si no lo desea.