La región de Madrid tiene 250.000 pisos vacíos

En Madrid hay dos bandos irreconciliables, el de los caseros y el de los inquilinos. Tienen en común su desacuerdo -por distintos motivos- con la prevista reforma de los alquileres. "Es una catástrofe" aseguran los arrendatarios. "No soluciona nada" replican los arrendadores. Mientras, 12 de cada 100 viviendas de la región permanecen desocupadas 242.462 de un total de 1.927.326-.El mercado sigue distorsionado: hay quien paga nás por una plaza de garaje que por su vivienda de renta antigua, al tiempo que no se encuentra un piso medio en alquiler por menos le 80.000 pesetas al mes.

La expectación crece ante la anunciada reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): de cada 100 viviendas madrileñas, 21 están arrendadas. Su renta difiere, desde las descaradamente baratas -rentas tan antiguas como congeladas, que subirán sólo un poco- hasta las desproporcionadamente caras, arrendadas en los últimos años. Además, los pisos para alquilar escasean.En toda la comunidad autónoma hay casi dos millones de viviendas -1.927.376 en 1991, según el Ministerio de Obras Públicas- De ellas, 242.462 están desocupadas. En general, sus propietarios prefieren mantenerlas vacías antes que alquilarlas, a pesar de que la fuerte demanda, frente a una oferta escasa, dispara los precios.

Los alquileres en Madrid son los cuartos más caros de Europa, y no se encuentra un piso decente en la capital por menos de 80.000 pesetas mensuales, según la Unión de Consumidores de España (UCE). Arrendar no está al alcance de todos.

Conseguir una vivienda -a fin de cuentas, un derecho constitucional- en compra o alquiler, es una aventura sólo al alcance de bolsillos bien repletos. Para adquirir una casa nueva en Madrid es preciso ganar al menos 400..000 pesetas al mes (véase EL PAÍS del 24 de noviembre de 1991).

La prevista reforma de la LAU, que el Parlamento aún tardará meses en aprobar, pretende reactivar el mercado. Recorta los derechos a heredar el alquiler -subrogaciones entre inquilinos-, agiliza los desahucios por impago y fija a cuatro años el periodo mínimo de arrendamiento de las viviendas, que el decreto Boyer, de 1985, dejaba al libre albedrío de los caseros.

Caseros e inquilinos

Cada tarde, el patio central de la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid está cuajado de caseros quejosos, provistos de un número para consultar al abogado sobre cómo actuar frente al inquilino. Hablan de su desamparo. "Nos convierten a nosotros en el Inserso con eso de no subir las rentas congeladas", apostilla Rosario Rodríguez.

Joaquín Argote, jefe del servicio jurídico de la Cámara, está muy al tanto de sus males -mayores en el caso de los propietarios de pisos de renta antigua"El nuevo proyecto de reforma de la LAU no es malo, pero se queda corto. Como no soluciona el problema de las rentas bajas congeladas, no va a devolver la confianza en el sector", pronostica Argote. "No hay viviendas para alquilar: o compras una o vives con tu padre", sentencia.

El letrado de la Cámara, menos crítico con la futura ley que otros- representantes de los propietarios, cree que el número de viviendas puestas en alquiler no va a crecer automáticamente con el cambio legal. Por ello, tampoco es previsible un descenso de los precios. Augura que miles de pisos pueden seguir vacíos.

Desde la trinchera opuesta, el presidente de la Asociación de Inquilinos, Enrique Pedrero, contraataca: La LAU es una catástrofe para nosotros. Si a pesar de la ley Boyer [que liberalizó los alquileres] los caseros han seguido sin alquilar, ¿por qué lo van a hacer ahora? Ni habrá más viviendas disponibles, ni precios más asequibles". Pedrero propone forzar la salida al mercado de las viviendas vacías mediante medidas de penalización fiscal a sus propietarios. El portavoz de a Organización de Consumidores y Usuarios, Juan del Real, media en la batalla: "Esta ley no

Puede contentar a todos, pero se rata de una reforma necesaria. Mejorará el mercado de vivienda. Los precios serán más asequibles".

Sin embargo, ni siquiera las asociaciones de consumidores están de acuerdo. "En un primer momento, ni los precios van a bajar, ni la oferta va a subir", afirma Natividad Cifuentes, de la UCE. "Quizá a medio plazo haya más oferta disponible y se desbloqueará el mercado", concede.

'Los inquilinos están tranquilos, porque con la reforma no se va a quedar ninguno en la calle. Los más defraudados son los caseros de unos 50.000 pisos con rentas congeladas", opina el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Jaime Blanco Granda. En función de la renta, distingue tres tipos de arrendadores: Congelados,como los langostinos, con contrato anterior a 1964. Luego están los refrigerados, que alquilaron desde 1964. Y los de la ley Boyer, que tienen renta libre". A todos los inquilinos se les subirá la renta en función del índice de precios al consumo (IPC).

Entre los arrendatarios sometidos a la legislación más reciente, se respira cierto alivio con el nuevo proyecto, porque amplía la duración de los contratos. La Ley de Arrendamientos Urbanos, como la lluvia, no cae a gusto de todos.