El Gobierno quiere que la CE acepte la extradición automática desde el momento en que la pidan los jueces

El Gobierno español mantiene ante la Comunidad Europea su propuesta de agilizar los trámites de extradición, que consiste, fundamentalmente, en eliminar la doble instancia judicial. Se trata de evitar que, una vez que los tribunales de un país han solicitado la extradición de un ciudadano, otro tribunal del país al que se solicita vuelva a decidir sobre el mismo caso.España pretende que se parta del principio de "confianza recíproca" entre los poderes judiciales de Estados comunitarios, incluso cuando no exista "un total paralelismo" en el tratamiento de un delito concreto. El diputado del Grupo Popular José Manuel Barquero preguntó recientemente al Gobierno por las acciones que desarrolla para simplificar y acelerar las extradiciones en casos de terrorismo.

El Gobierno, en respuesta escrita, ha contestado que no existe ningún tratado internacional que establezca un procedimiento simplificado en materia de terrorismo, pero añade que el Ejecutivo de nuestro país mantiene en pie la propuesta que hizo a los países de la CE en los meses de mayo y octubre últimos para lograr este propósito de celeridad, no sólo frente a los delitos de terrorismo, sino de cualquiera "susceptible de extradición".

La propuesta española que defendió el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, en la conferencia de ministros de Justicia de la CE en Funchal en mayo y en la conferencia de Londres de octubre pasado pretende que en los procedimientos de extradición intervengan siempre los jueces, pero sólo los del Estado que pide la extradición.

Si prosperase esta pretensión, se establecería "un control externo de la resolución extranjera" confiado a "autoridades centrales" de los distintos países "normalmente radicadas en los ministerios de Justicia". En "casos singulares" se admitiría que las autoridades del país que deba conceder la extradición remitiesen la petición a sus tribunales.

Evitar duplicidades

El proyecto consta de ocho artículos y parte del hecho de que la extradición está regulada actualmente según los conceptos de soberanía y las relaciones internacionales propios del siglo pasado.

Frente a ello, la realidad actual es que, según la opinión. española, Ios sistemas legales y los subsistemas judiciales de los Estados europeos son comparables" y encuentran un punto común en el Convenio Europeo de Derechos del Hombre, por lo que "se debe partir", dice el Gobierno en su respuesta, "del supuesto de la confianza recíproca entre los sistemas de todos los Estados".

La consecuencia práctica sería "evitar una duplicación en los controles en el Estado requerido" para que conceda la extradición, ya que lo contrario supone mantener de hecho el principio de "desconfianza, sometiendo a revisión la decisión judicial extranjera".

El Gobierno, en su respuesta al diputado Barquero, admite que con estos planteamientos habría que someter a revisión criterios jurídicos tradicionales, como la doble incriminación, la prescripción -extinción de la responsabílidad por el transcurso del tiempo- o incluso la nacionalidad de la persona reclamada".