El PSOE rechaza que haya irregularidades en las finanzas del partido

Los máximos dirigentes del PSOE estiman que, en torno a las acusaciones por el caso Filesa, existe una "solidaridad suficiente" en el seno del partido y del Gobierno, aunque rechazan las tesis minoritarias de quienes son partidarios de salir a la opinión pública para reconocer que puede haber alguna irregularidad en su financiación. Esta tesis ha sido apuntada abiertamente por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y por otros dirigentes del partido de forma discreta.

"Ya es tarde, y hay que esperar al final del proceso", señaló un miembro de la ejecutiva federal. En la dirección del PSOE existe el convencimiento de que no podrá probarse que hayan cometido delito penal, y si acaso donaciones no registradas.Dirigentes del PSOE consideran que en la situación de rencilla interna existente en el partido, podían preverse tres posibilidades: "Distanciamiento, silencio o solidaridad". A medida que avanza la investigación del juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, se aprecia, por encima de los demás, el sentimiento (le solidaridad, no hay distanciamiento por parte de nadie y los silencios "son incluso de agradecer".

Miembros del sector oficialista y renovador consideran unánimemente desproporcionada la actuación de este juez y, sobre todo, critican al Partido Popular por haberse personado en el caso. lo cual le permite obtener la documentación interna del PSOE.

Aunque la consigna, que empieza a cumplirse a rajatabla, es la de atacar al PP, hay dirigentes del PSOE que preferirían adelantarse al final del proceso y decir a la opinión pública que puede existir alguna irregularidad en la financiación del partido, dejando exento de culpa a cualquier miembro de esta organización. Esta tesis la ha defendido abiertamente el responsable de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, en una entrevista publicada el pasado domingo por este periódico.

Otras voces, de manera discreta, han hecho llegar esta opinión a miembros de la ejecutiva federal e incluso al secretario general del PSOE, Felipe González. Por el momento, estas opiniones están destinadas al fracaso por considerar que "ya es tarde", a decir de un dirigente de la ejecutiva, y que incluso ahora ahora resultaría contraproducente. Por tanto, la decisión de la ejecutiva federal del PSOE es esperar a que termine el proceso, persuadidos de que, en el caso de que el juez encuentre alguna infracción, ésta "no estará dentro del Código Penal".

Vísperas de elecciones

La preocupación que reina ahora en el PSOE es la de que la investigación se prolongue durante meses y se llegue con ella a las vísperas de las elecciones. A raíz de lo ocurrido el lunes en el último registro de la comisión judicial, que se personó en el PSOE, hay muchos indicios de que la investigación pueda prolongarse mucho.

Esto puede ser así, si es cierto, como dicen en la sede federal del partido socialista, que fue anteayer cuando la comisión judicial del caso Filesa tuvo constancia de que los números no cuadraban porque les faltaba toda la contabilidad electoral por el hecho de que el Tribunal de Cuentas les había remitido exclusivamente la contabilidad ordinaria.

Ahora se trataría de analizar las cuentas de todas las campañas electorales y ver si las facturas de las empresas cuadran con lo registrado en la contabilidad de este partido. En el PSOE se anticipa que estas cuentas tampoco cuadrarán totalmente, dado que determinadas comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco y Andalucía, tienen su propio Tribunal de Cuentas, y es a ellos a donde han ido a parar numerosas facturas.

Casi todos los miembros de la ejecutiva federal del PSOE, encabezados por el presidente del partido, Ramón Rubial, ofrecieron anteayer a los medios de comunicación un cóctel en el que sólo se hablaba del registro del día anterior ejecutado por la comisión judicial que dirige Barbero. Dirigentes del PSOE, en ese contexto, entonaban sus culpas por haber cometido errores legislativos que ahora tenían que pagar.

En primer lugar, se lamentaban de haber reformado la ley de enjuiciamiento criminal instaurando el llamado procedimiento abreviado, por el que no existen imputados y, por tanto, hay un período en el que se puede investigar a personas o instituciones sin que se conozca el porqué.

Desde esta perspectiva se consideran muy perjudicados ya que, si finalmente la querella se ampliara al PSOE, y no sólo a los parlamentarios Carlos Navarro y Josep Maria Sala, este partido habría facilitado documentos y pruebas que no tienen por qué proporcionar quienes están acusados de algún delito. Es decir, estarían declarando en su propia contra.