España contará con el fondo de cohesión antes del verano
El fondo de cohesión será una realidad efectiva antes del verano, según han asegurado fuentes tanto del Gobierno español como de la CE. Las conclusiones de la cumbre de Edimburgo han dejado perfectamente cerrado el acuerdo sobre el fondo, de manera que el Consejo de Ministros está obligado a aprobar antes del 1 de abril un reglamento que permita poner en marcha las ayudas para construcción de infraestructuras y para mejora del medio ambiente. En este tiempo, el Gobierno deberá tener a punto los proyectos para su presentación inmediata y la adjudica ción de las ayudas urgentemente, en mayo o junio.En caso de no establecer un reglamento provisional, habría que esperar a la culminación de la ratificación de Maastricht para contar con las cantidades aprobadas en Edimburgo e incluidas en el presupuesto de 1993 (1.565 millones de ecus, es decir, 220.665 millones de pesetas). El tratado dice de forma taxativa que se necesita el dictamen del Comité de Regiones para aprobar el reglamento del fondo. Dicho comité nombrado y a punto para funcionar antes de fin de año, visto el retraso que lleva la ratificación.
Para evitar una paralización del fondo motivada por el retraso británico y por las dificultades danesas, los negociadores españoles en Edimburgo quisieron garantizar su creación hasta en sus más mínimos detalles, incluida su instalación como provisional basándose en el articulado del Tratado de Roma. Paradójicamente, este fondo salido de Maastricht estará jurídicamente fundamentado en el Tratado de Roma. Si se diera el caso de que Maastricht no fuera ratificado, por un no danés o un rechazo del Parlamento británico, el fondo seguiría existiendo por los siete años que constituyen el plazo de vigencia de las perspectivas financieras de la CE aprobadas en Edimburgo.
Se da la circunstancia, así, de que el alargamiento de las perspectivas de los cinco años propuestos originalmente a los siete años aprobados se convierte en una garantía más de mantenimiento del fondo para los cuatro países designados como sus beneficiarios (España, Portugal, Grecia e Irlanda). La elaboración del reglamento provisional del fondo deberá dar lugar ahora a una complicada discusión entre los cuatro de la cohesión sobre los criterios para adjudicar las ayudas.
Las conclusiones de Edimburgo citan la población, el PNB por habitante, la superficie y las insuficientes en infraestructuras de transportes como criterios de distribución, y anuncian un reparto indicativo, en el que España cuenta entre el 52% y el 58%; Grecia y Portugal, entre el 16% y el 20%, e Irlanda, entre el 7% y el 10%. Para España significa disponer, en 1993, de una cantidad entre 114.745 millones y 127.857 millones de pesetas, cuatro veces más de los 30.000 millones de pesetas consignados en los presupuestos para 1993.
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