Ordenada la detención de cinco guardias mas por pagar con cocaína a confidentes
Baltasar Garzón, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ordenó ayer el ingreso en prisión del comandante Rafael Pindado, segundo mando de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCIFA) de la Guardia Civil por presunto pago a confidentes con droga, así como de un segundo guardia. La operación emprendida por el juez de la Audiencia Nacional seguía anoche abierta. Garzón ha ordenado otras cinco detenciones de guardias civiles.
Garzón tomó declaración en la mañana de ayer al comandante Rafael Pindado, segundo jefe del servicio antidroga de la Guardia Civil.Durante el interrogatorio se acreditó que este oficial de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga, según fuentes conocedoras de la investigación, presuntamente "realizó de tres a cuatro entregas de droga" como pago a confidentes.
En total, existen ya indicios de que este oficial de la Guardia Civil ordenó o autorizó la entrega a confidentes de la Guardia Civil de unos 16 kilos de cocaína del total intervenido por sus agentes como premio a los soplones que facilitaron tales operaciones.
Por tal presunto favorecimiento del tráfico de estupefacientes, el juez Baltasar Garzón, ha ordenado el ingreso en prisión incomunicada del comandante Rafael Pindado y del otro guardia civil detenido, al que también tomó declaración.
Operación abierta
Por otro lado, el titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, ha dictado cinco órdenes de detención contra otros tantos agentes de la Guardia Civil por los mismos hechos, es decir, pagos a confidentes con drogas.Todo estos datos refuerzan la tesis de que la operación que se ha puesto en marcha dista de estar cerrada, ya que los futuros detenidos podrían arrojar nuevos datos incriminatorios para guardias civiles o paisanos.
Además de los dos guardias detenidos, otros seis paisanos están ya en prisión por estos pagos con droga.
Prácticas ilegales
Fuentes conocedoras de esta investigación ratificaron ayer que la base de los cargos e imputaciones se refiere a los extremos ya publicados por este diario en su edición de ayer, si bien tales supuestos no agotan el cúmulo de tales prácticas ilegales que han sido ejecutadas por un grupo de funcionarios ahora objeto de investigación por la Audiencia Nacional.En todo caso, una sola entrega de droga a un confidente su pone -según la legislación es pañola aplicada ya en algunas ocasiones para hechos similares- un triple delito para el agente que la proporciona: prevaricación, dado que falta a su deber; delito contra la salud pública, ya que actúa como camello y falsedad en documento público, pues el agente finge que la cantidad de droga aprehendida es menor de la realmente intervenida.
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