Economia sancionara a 180.000 empresas por no entregar sus cuentas al Registro Mercantil

El Ministerio de Economía y Hacienda prepara expedientes sancionadores contra alrededor de 180.000 empresas que no han cumplido con la obligación de depositar sus cuentas de 1990 y 1991 en el Registro Mercantil para su consulta pública. El depósito de cuentas es obligatorio desde 1990 para todas las sociedades. Las sanciones oscilan entre 200.000 pesetas y dos millones por cada año de retraso en la entrega de cuentas.

Ricardo Bolufer, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría del Ministerio de Economía, confirmó que ha pedido a la Dirección de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, la lista de empresas que no han enviado sus cuentas al registro. Añadió que el objetivo es "aplicar sanciones" contra ellas, aunque puntualizó que todavía "no hemos recibido la información de algunos de los registros provinciales". El presidente del Instituto de Contabilidad estima que existen alrededor de 600.000 sociedades, de las que "aproximadamente la mitad cumplen con la obligación de entregar las cuentas". "Del 50% restante, un 40% son empresas inactivas y el 60% no las envían". Esto supone que 180.000 sociedades no cumplen con la obligación de presentar sus cuentas en el Registro.

Por su parte, el director general de Registros, Antonio Pau, dice que se hace difícil conocer con exactitud "cuántas empresas no cumplen realmente con el envío de información". "No lo podremos conocer hasta l995", añade "cuando quedarán dadas de baja automáticamente en el registro todas las empresas que no se adapten a los nuevos requisitos legales", entre los que figura tener un capital mínimo de 10 millones de pesetas y cambiar sus estatutos sociales en el caso de las sociedades anónimas.

Transparencia

Es la primera vez que Economía instruye expedientes sancionadores contra empresas por no depositar sus cuentas anuales. El envío de las cuentas a los registros fue una de las principales medidas de transparencia introducidas en la nueva ley de sociedades anónimas, que está en vigor desde 1989, pero afecta también a las limitadas y a las comanditarias. Estas últimas, en las que los socios responden con su patrimonio personal, son actualmente muy escasas.

Hasta el año 1990, sólo constaban en los registros mercantiles las decisiones tomadas en las juntas de accionistas de las sociedades y los apoderamientos hechos a los administradores.

Los datos que obligatoriamente se han de enviar al registro incluyen el balance de situación y la cuenta de resultados de la compañía. Aunque todavía no se dispone de datos concretos, las pequeñas y medianas empresas son mayoritariamente las que no, depositan los datos requeridos, según afirman fuentes de los registradores y del Ministerio de Justicia.

Estas fuentes dicen que el coste de una inscripción de cuentas es de unas 7.000 pesetas, y creen que muchas sociedades no cumplen con la obligación por simple falta de conocimiento de las normas. Las sociedades con ventas inferiores a 1.200 millones de pesetas, un balance menor de 920 millones y una plantilla de menos de 250 empleados, tienen un sistema de información más simplificado.

El depósito de las cuentas anuales de las empresas debe hacerse en los registros mercantiles provinciales seis meses después del cierre de cada ejercicio. El registro es público y, por lo tanto, puede ser consultado por cualquier interesado en conocer la marcha de una sociedad.