Agua de todos

EN ESPAÑA no llueve más ni menos que, antes; lo que ha variado son los hábitos de consumo de agua por parte de los españoles. De ahí que sea cada vez más acuciante contar con una política rigurosa de racionalización de recursos hídricos que termine con el imparable crecimiento actual del consumo industrial y humano y que, con una media de 1.200 metros cúbicos al año por habitante, coloca a nuestro país en el tercer lugar del mundo desarrollado, tras EE UU y Canadá.El Plan Hidrológico Nacional (PHN), prometido por el Gobierno para esta legislatura (pero del que se duda que llegue a tiempo al Congreso, dada su indudable incidencia electoral), busca precisamente establecer un marco estable a largo plazo -de aquí al año 2012- para el aprovechamiento racional del agua y su trasvase desde las cuencas excedentarias a las deficitarias, de acuerdo con un sistema de compensaciones entre ellas. Se podrá discutir -y será obligado hacerlo, primero en el Consejo Nacional del Agua y después en el Parlamento- algunos o muchos de los aspectos parciales del plan, pero será dificil no mostrarse de acuerdo con la filosofía de equidad y solidaridad que lo inspira.

El progreso social y económico, a cualquier escala, se aviene mal con las actitudes autárquicas. Pueden existir diferencias políticas o rencillas de origen histórico entre poblaciones o regiones, pero es dificil que su desarrollo económico pueda tener futuro dándose la espalda entre ellas y sin articular un sistema en el que estén equilibradamente representados sus mutuos intereses. De ahí que, además de los problemas estructurales que gravitan desde hace tiempo sobre la política hidráulica (aumento de la capacidad de almacenamiento, aprovechamiento de acuíferos, pérdidas en la red de distribución -en gran medida obsoleta-, consumo excesivo, desequilibrio entre precios y costes, entre otros), se plantee cada vez con más urgencia el diseño de un sistema de redistribución del agua que responda al reequilibrio territorial y socioeconómico habido en España durante los últimos lustros. Tales cuestiones difícilmente Podrán encontrar respuesta en un debate presidido por consideraciones de rivalidad corporativa o agravios regionales. El agua es un elemento estratégico para un desarrollo económico y social armónico del conjunto de la sociedad española.

Hasta ahora, la España húmeda y la España seca han vivido de acuerdo con sus propios recursos hídricos: relativamente abundantes en la primera, manifiestamente insuficientes en la segunda. Sólo en la España seca ha tenido lugar un trasvase de envergadura entre una cuenca y otra (el del Tajo-Segura) que históricamente se ha revelado insuficiente. Cuando los indicadores económicos y demográficos apuntan -en algunos supuestos se trata de datos incontestables- a la existencia de zonas con grandes perspectivas de desarrollo situadas en la España seca, sería de todo punto inconcebible que la España húmeda arrojase al mar el agua que le sobra. De ahí la generalización de las transferencias de recursos hídricos de unas cuencas a otras que prevé el Plan Hidrológico Nacional, fundamentalmente de la más excedentaria (la del Norte-Ebro) a la más deficitaria- (la del Sureste). Económica y socialmente, está plenamente justificada una política hidráulica cuyo eje fundamental sea convertir el agua en recurso uniforme y de calidad para todos los habitantes de España. De alcanzarse este objetivo se habrá dado cima a la mayor transformación social de una comunidad humana cuya primera fuente de heterogeneidad radica, tal vez, en su dispar hidrología.