El Congreso debatirá un proyecto para legalizar la actividad de los grupos de presión en España

Veinte mil lobbistas cercan a diario a los 434 congresistas (diputados) y 100 senadores de los Estados Unidos de América; es un ejército de 38 tiburones por parlamentario dispuestos a presionar para conseguir decisiones en favor de grupos económicos, sociales y religiosos. Nada parecido existe en España, pero el viejo Palacio del Congreso, en la carrera de San Jerónimo, como todos los parlamentos del mundo, soporta presiones constantes desde múltiples flancos. Ahora, el Congreso ten drá que decidir si acepta regular en nuestro país, de manera transparente, este tipo de actividades, porque el CDS ha redactado una proposición no de ley para crear un registro público de "grupos de interés" que termine con el oscurantismo de estas actividades.

El pasado 27 de noviembre, un grupo de empresarios se reunió con diputados de distintos partidos durante unas jornadas denominadas Programa Empresas Parlamentarios, promovidas por el Círculo de Empresarios y el Congreso. El diputado del CDS Rafael Martínez Campillo abordó el problema de los lobbies, o grupos de presión, o de interés, que son formas distintas de de nominar el mismo fenómeno: la actividad para tratar de conseguir decisiones en una determinada dirección."Les dije que el fenómeno está ahí", dice Martínez Campillo. Les explicó que "los diputados necesitamos información porque la complejidad de la sociedad actual hace imposible que un parlamentario pueda conocer en serio todos los problemas sobre los que se legisla; necesitamos saber lo que piensa y lo que quiere, en un momento dado , cualquier grupo social, pero con publicidad y con transparencia; en definitiva, planteé que urgen normas deontológicas que regulen esta actividad porque si no, los grandes grupos o los grandes intereses harán todo lo que esté en su mano por tener sus propios representantes en los escaños".

Registro y código

Varios de los empresarios asistentes a las jornadas se mostraron de acuerdo con la propuesta y lo manifestaron expresamente. En los días siguientes, el diputado centrista por Alicante ha redactado una proposición no de ley sobre la que el Congreso tendrá que pronunciarse en breve.

Una vez admitida a trámite por la Mesa, será el Pleno de la Cámara el que la debata y decida si la toma en consideración. Cualquiera que sea la decisión final, que vendrá marcada por la mayoría parlamentaria socialista, los distintos grupos ofrecerán sus razones para aceptar, modificar o rechazar una propuesta de indudable trascendencia para la vida política de nuestro país.

La proposición, además de una exposición de motivos en la que se explica la conveniencia de regular las relaciones entre Parlamento y grupos sociales, establece tres propuestas concretas:

1. "El Congreso de los Diputados establecerá un registro público de grupos de interés con el fin de identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que puedan establecer relaciones con los miembros de la Cámara para informar o ser informados acerca de las funciones constitucionales que les están encomendadas".

2. "El Congreso de los Diputados establecerá las condiciones para acceder a este registro, de manera tal que permita la identificación pública del operador, del grupo que representa y de los fines que persigue".

3. "El Congreso de los Diputados formulará un código deontológico que enmarque el funcionamiento de estos grupos de interés en su relación con los miembros de las cámaras".

La profundidad del problema no se calibra sólo por la falta de tradición en España, sino que el clima social es de claro rechazo a cualquier práctica de presión, recelando de que la información y el convencimiento limpio transpasen la frontera del tráfico de influencias.

Tanto es así que el proyecto de nuevo Código Penal contiene un artículo 410 cuyo de texto, de prosperar, establece: "El particular que influyere en un funcionario público o autoridad, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad y consiguiere una resolución, obteniendo por ello un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, y multa de tanto al duplo del beneficio obtenido". No es exacta mente el trabajo de un lobbista lo que aquí parace tipificarse, pero un texto semejante sembraría serías inquietudes en los más acre ditados despachos de abogados de Washington.