González advierte a Obiang que adoptará medidas si no libera al empresario Vilarrasa

El presidente del Gobierno, Felipe González, ha enviado un mensaje al jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, en el que le insta a hacer lo necesario para liberar cuanto antes a los empresarios españoles Salvador Vilarrasa y Santiago Hanna. González advierte que, de lo contrario, España difícilmente podrá mantener relaciones normales con su ex colonia, según fuentes de la Administración.

Un emisario español, Jorge Dezcallar, director general de África y Oriente Próximo, llegó ayer a Malabo con una carta de González calificada de "dura y enérgica" por los altos funcionarios que contribuyeron a redactarla. La misiva contiene una velada amenaza de revisar algunos aspectos de la cooperación si los dos hombres de negocios permanecen encarcelados durante largo tiempo. Las autoridades ecuatoguineanas han anunciado a Dezcallar que Obiang le recibirá mañana lunes.La Justicia de Guinea Ecuatorial decidió aplazar, coincidiendo con la llegada del emisario, el anuncio de la sentencia del consejo de guerra que se celebró el miércoles contra Vilarrasa, valenciano, y Hanna, de origen libanés, acusados de atentar contra la seguridad del Estado. La razón oficial del retraso es que el tribunal, que preside el teniente coronel Pedro Esono Masie, está sobrecargado de trabajo.

El mensaje del presidente español culmina una serie de gestiones llevadas a cabo por el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, que habló por teléfono en dos ocasiones con su homólogo ecuatoguineano, Miko Benjamin Mba Ekua.

Doble protesta

Paralelamente, la diplomacia española formuló dos protestas sucesivas. Dezcallar convocó al embajador ecuatoguieano en Madrid, Bruno Esono Ondo, para quejarse por la prohibición de entrada en el país del abogado y eurodiputado Juan María Bandrés, para ejercer la defensa de los acusados, y el director general de Asuntos Consulares, José Ignacio Carvajal, hizo otro tanto para expresar su reprobación ante las amenazas de expulsión que recaen sobre el cónsul de España en Bata, Diego Sánchez Bustamante.Detenidos el 23 de octubre, ambos empresarios han sido acusados de introducir en el país cuatro camiones militares de desecho, ropa de faena, cascos y picos, comprados al Ejército holandés, que, supuestamente, debían servir para dar un golpe de Estado.

El fiscal militar, el capitán Eustaquio Nseng, pidió el miércoles en el consejo de guerra 30 años de cárcel para cada uno de los inculpados y el pago de 212 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil. El abogado de la defensa, el guineano José Olo Obono, pidió la absolución de sus clientes.

El juicio, celebrado en. un cine de Bata, no ha contado, en opinión de la Embajada de España en Malabo, con las mínimas garantías procesales. La sentencia no es recurrible y, si Vilarrasa y Hanna son finalmente condenados, sólo cabe esperar un indulto de Obiang.

La cooperación española con Guinea, que en un 80% tiene carácter humanitario y educativo, alcanzará en 1992 los 1.600 millones de pesetas y en 1993 será de 2.019 millones.