Pons y Laborda urgen al Supremo a aclarar la situación de Navarro y Sala

Los presidentes del Congreso, Félix Pons, y del Senado, Juan José Laborda, enviaron ayer sendos escritos al presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, en los que le urgen a que aclare "la actividad procesal" desarrollada con el diputado socialista Carlos Navarro y el senador del mismo partido Josep Maria Sala en el caso Filesa. La urgencia se solicita para determinar si las "decisiones procesales" tomadas "requieren autorización parlamentaria", es decir, si el Supremo debe solicitar el suplicatorio para proceder frente a los dos parlamentarios.[Fuentes jurídicas próximas al proceso informaron que, tras las cartas de Pons y Laborda, lo más probable es que Ios parlamentarios del PSOE no comparezcan al llamamiento del juez Barbero para declarar en calidad de "querellados". Carlos Navarro está citado para el día 1 y Sala para el día 3.]

Los dos escritos son sustancialmente idénticos en el fondo y comienzan recordando a Sala que ambos parlamentarios han recibido un requerimiento de la Sala Segunda del Supremo para que comparezcan a primeros del próximo mes. En ese requerimiento, el Suprerno les advierte "del derecho a no comparecer teniendo en consideración su condición de parlamentarios".

"Sin demora

Otra resolución del Supremo advierte a los parlamentarios de "la conveniencia de recibir sin demora" su declaración, "salvo que se opusieren a ello sin la previa concesión del correspondiente suplicatorio".

Tomando como base estos dos requerimientos del Supremo, Pons le dice a Sala que son los órganos jurisdiccionales quienes deben decidir, y sólo ellos, en qué momento "la actuación jurisdiccional es incompatible con el ámbito de la inmunidad" que asiste a los parlamentarios. Es decir, que decida. Sala sobre la petición de los suplicatorios.

El escrito añade que, si se llega al convencimiento de que es necesario pedir el suplicatorio, sólo al pleno de la Cámara le corresponde dar la autorización. Por tanto, ni siquiera. "puede sustituirse por la renuncia voluntaria del interesado".

Como consecuencia de ese razonamiento, Pons y Laborda piden al presidente del Supremo que traslade su escrito al órgano judicial competente" para que se pronuncie sobre si es necesario pedir la autorización parlamentaria "y en caso afirmativo la recabe en la forma y con los contenidos prevenidos en la legislación aplicable".