Hogar provisional

Ayer no se hablaba de otra cosa en los talleres y factorías que rodean la fábrica de la Unión de Orfebres en una zona industrial madrileña. "¿Viste lo de la Almeida y la Vilallonga?", preguntaba un obrero a un par de compañeros. El pasado miércoles la policía golpeó a tres parlamentarios de Izquierda Unida que habían acudido a solidarizarse con las 80 personas que mantienen un encierro, que ya dura dos meses y medio, en protesta por la venta de la empresa.

La batalla campal del pasado miércoles, cuando la policía cargó varias veces contra un grupo de personas que se encontraban allí concentradas, es un nuevo episodio de la historia de la empresa Unión de Orfebres, fabricante de la conocida marca Plata Meneses, con más de 150 años de vida. Esta marca ha sido adquirida por la empresa vasca Dalia.Desde hace 75 días, un grupo formado por 80 ex trabajadores de la Unión de Orfebres están encerrados en la fábrica madrileña. Se turnan en grupos de 20 y tienen como hogar los vestuarios, a los que hay que entrar por los servicios de las instalaciones que no conocen una reforma ni un buen fregado desde hace tiempo, a juzgar por su lamentable estado.

El pasado miércoles por la mañana los trabajadores, al ver que un camión se llevaba la maquinaria, llamaron a los miembros del comité de empresa que, a su vez, se pusieron en contacto con todas las personas que se habían solidarizado con ellos. Así que se presentaron los parlamentarios de Izquierda Unida Cristina Almeida, Isabel Vilallonga y Javier Doz que se unieron a los trabajadores concentrados. Pero la Policía la emprendió contra todos, según explican los afectados.

Pedidos anulados

Estos trabajadores firmaron en junio un expediente de rescisión de los 165 empleos de común acuerdo entre la Unión de Orfebres y los sindicatos. Pero Aquilino Gabaldón, ex presidente del comité de empresa, señala que no está tan claro que se haya roto la relación laboral "en la medida que no nos han pagado todo el dinero de las indemnizaciones". No quieren que la empresa abandone Madrid para lo que mantienen su encierro. Sin embargo, los nuevos propietarios señalan que todo este proceso ha provocado "que nos anulen el 30% de los pedidos", dice el gerente de Dalia.Los encerrados tienen su cuartel general en los vestuarios de la fábrica donde han improvisado un cuarto de estar con su sillón de skay desgastado, su sofá de dura madera y su minitelevisón en blanco y negro que tiene como compañero de balda un mugriento botijo. Aquilino avisa. que no saldrán hasta que "nos abonen los 300 millones que nos adeuda la comisión liquidadora de indemnizaciones y no nos entreguen el acta de la venta a Dalia". El sindicalista reclama ver ese acta para conocer por qué se ha vendido la empresa a Dalia y no a ellos. Fuentes de la comisión liquidadora dicen que "el acta se la daremos al juez si nos la pide". Los ex empleados también proponen iniciar un proceso de negociación con los nuevos propietarios.

La empresa fue declarada en suspensión de pagos por un juzgado de Madrid el pasado mes de mayo por lo que se formó una comisión liquidadora -integrada por los acreedores: Rumasa Pública, Banco Árabe Español, Metales Preciosos; un representante de la sociedad y un interventor judicial-. Esta comisión vendió la empresa a Dalia por 150 millones y rechazó la oferta presentada por un grupo de ex trabajadores de 185 millones. El ministro de Economía, Carlos Solchaga explicó en octubre en el Senado que la oferta de los trabajadores no incluía las cargas (hipotecas). Gabaldón puntualiza que nadie les ha explicado a cuánto ascienden las cargas.

Los trabajadores, con una media de edad, no van a abandonar su postura. Saben que recolocarse, tal como está el mercado y a su edad, está difícil.