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El fiscal del Estado acude al Constitucional para defender al PSOE frente al juez Marino Barbero

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, ha pedido a la Fiscalía del Tribunal Constitucional un informe sobre la "repercusión" y la "procedencia" de recurrir en esa vía las resoluciones del juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero. El fiscal general anunció también su decisión de recurrir el registro de la sede del PSOE del pasado miércoles, aunque no quiso adelantar los fundamentos de su impugnación. Dirigentes socialistas reconocieron ayer el desánimo y el desconcierto que embarga al partido después de que la comisión judicial se incautara de documentos contables.

El recurso del fiscal contra el registro de la sede socialista llevado a cabo por el secretario judicial, tres inspectores de Hacienda y miembros de la policía, es el cuarto que se interpone por orden de Eligio Hernández. El primero ya ha sido resuelto por la Sala Segunda en el sentido de apoyar al juez en su investigación, y quedan pendientes el registro al Banco de España y el ultimátum dado al PSOE para que presentara sus cuentas en 24 horas.Fuentes del Ministerio Fiscal expresaron su "estupor" por el anuncio de recabar un informe de la fiscalía "como trámite para justificar alguna actuación futura" y explicaron que en una vieja instrucción se recomendaba consultar al Constitucional cuando haya dudas sobre la constitucionalidad de una norma, "pero nunca se ha hecho". "Como es obvio, el fiscal del Estado puede pedir asesoramiento a cualquier Fiscal, pero suele hacerse informalmente", añadieron las fuentes.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, declinó ayer pronunciarse sobre la actuación del juez Marino Barbero y sobre el respaldo que le dió el Tribunal Supremo. Sin embargo, destacó que el Poder Judicial "no es un poder ni incontrolado ni incontrolable" y añadió que la legislación española sobre corrupción política no es escasa y precisó que lo que ocurre es que los tribunales resuelven sobre "evidencias o pruebas consistentes" y no sobre "sospechas o intuiciones".

Valoración jurídica

El secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, intentó ayer ser respetuoso con las actuaciones judiciales, aunque dijo: "No se está actuando conforme a derecho y creo que se están cometiendo irregularidades". Benegas insinuó que "cuando todo termine" es más que probable que el PSOE "haga su valoración con carácter jurídico" y dijo también que con la documentación incautada demostrará que no hay nada reprobable en los parlamentarios Josep María Sala y Carlos Navarro y que no ha habido "financiación irregular en el PSOE".

El presidente del Gobierno, Felipe González, dijo en la localidad francesa de Albi, donde se ha celebrado la cumbre hispano-francesa, que tiene una opinión sobre la actuación del juez Barbero, pero que por su condición de presidente no debía expresarla. "Debemos tener confianza en la decisión del Tribunal Supremo, no sólo en su recorrido sino hasta el final", dijo.

Los dirigentes socialistas dicen estar tranquilos porque nada de lo que la comisión judicial se llevó de la sede del PSOE podrá ser utilizado en su contra. Entre los documentos incautados figuran, sobre todo, albaranes y arqueos de caja.

La comisión les pidió también certificación de los responsables de finanzas que había tenido el PSOE en los últimos años: Emilio Alonso, Guillermo Galeote y Francisco Fernández Marugán.

Dirigentes del PSOE informaron de que de las casi siete horas que estuvo la comisión judicial en la sede federal del PSOE, dos de ellas se consumieron en un cierto forcejeo dialéctico con Benegas y Fernández Marugán. Éstos les instaron una y otra vez a que les dijeran qué documentos querían y aseguraron que ellos en un plazo breve se lo harían llegar. La comisión les indicó que querían toda la contabilidad del partido entre 1988 y 1991 así como todas las operaciones mercantiles.

Benegas y Fernández Marugán les quisieron convencer de que no había tales operaciones mercantiles porque no son propias de un partido político.

Los enviados del juez Barbero abrieron todos los archivos de los despachos del área de administración, llevándose documentos de los mismos, originales y fotocopias. Asimismo, se incautaron de muchos de los documentos que en esos momentos estaban sobre las mesas de los empleados administrativos. Todo lo que se llevaron fue enumerado en un acta judicial.

El desánimo era ayer patente en el Congreso entre los parlamentarios socialistas y algunos reconocieron que suponía un mazazo" para su imagen.

El líder del PP, José María Aznar, defendió ayer en Sevilla la necesidad de que el PSOE abandone el poder cuanto antes por ser "un obstáculo para el progreso del país". Aznar aprovechó la presentación de la memoria anual del grupo popular en el Parlamento andaluz para afirmar: "Donde hay socialistas explota la corrupción".

El portavoz del PP, Rodrigo Rato, señaló que la actitud del Gobierno con el juez era "preocupante" en tanto el secretario general, Francisco Álvarez Cascos, acusó a González de "crear un conflicto con la justicia por su afán totalizador".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de noviembre de 1992

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